Ciudad de Guatemala – Guatemala.- Cuando han transcurrido cuatro días de las elecciones presidenciales realizadas en Guatemala, el país tiene claro que esos comicios deberán definirse en la segunda ronda, que está prevista para el 11 de agosto.
Será ese el día en el que los guatemaltecos regresen a los centros de votación para escoger entre la centro – izquierdista Sandra Torres, aspirante del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Alejandro Giammattei, el médico cirujano que emprendió carrera hacia la Presidencia con el apoyo del partido Vamos.
Según los resultados emitidos por las autoridades electorales, ninguno de los dos candidatos obtuvo 51% de los votos, la cantidad requerida para ganar en primera vuelta y evitar el balotaje. Por un lado, Torres logró hacerse con 25,66% de los sufragios, mientras que Giammattei consiguió 13,9% de los apoyos.
Como se hace evidente, tan sólo uno gobernará a Guatemala hasta 2023 y ello ha llevado a ciertos especialistas a augurar la muerte de la institucionalidad y del Estado de derecho, en la nación centroamericana.
Tanto Torres como Giammattei son precedidos por acusaciones que los involucran en actos punibles y que quedarían sin castigo luego de su llegada al poder. A la candidata de UNE se le señala de haber financiado su campaña con 2,5 millones de dólares que provendrían de fuentes ilícitas. Mientras tanto, Alejandro Giammattei quedó marcado por su pasado como Director de Prisiones de Guatemala, pues, durante su gestión, siete reos fallecieron dentro de un penal. Las muertes le valieron varios meses de cárcel, hasta que un juez decidió desestimar el caso.
Quizá sea por esos antecedentes que ni uno ni otro se ha mostrado a favor a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo anticorrupción que actúa de manera independiente, con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Con doce años de experiencia, la Cicig ha sido la encargada de desvelar varios entramados corruptos, en los que están involucradas muchas de las figuras de la alta política guatemalteca, incluyendo al actual presidente Jimmy Morales.
En 2017, la Comisión presentó una solicitud de antejuicio contra el primer mandatario, por el supuesto financiamiento ilícito de la campaña que lo llevó a la Presidencia. Aquella petición hizo que Morales prohibiera el ingreso, a territorio guatemalteco, del jurista colombiano Iván Velásquez, comisionado internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Del mismo modo el Jefe de Estado suspendió el mandato que le permite a la Cicig continuar sus operaciones en el país centroamericano. Esa revocatoria se hará efectiva en septiembre de este año.
