Por: José López Zamorano/  La Red Hispana

La reciente decisión de la administración Trump sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos ha generado una ola de incertidumbre y preocupación entre la comunidad inmigrante.

“Después de revisar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales correspondientes de EE. UU., la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las condiciones en Venezuela ya no respaldan la designación para el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2023”, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La Alianza Nacional del TPS, una organización de defensa de los beneficiarios del TPS, rechazó el argumento oficial y se declaró lista para impugnar la decisión en las cortes estadounidenses.

“Un ataque a uno es un ataque a todos. Si bien se ha hablado de división entre los inmigrantes en función de su origen nacional, ya sea de Venezuela, México, El Salvador, Haití o de otros lugares, la simple verdad es que la administración Trump busca expulsarnos a todos, junto con nuestros hijos y las generaciones futuras”, indicó.

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Varios países con TPS

Algunos países que han sido designados en diferentes momentos incluyen El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Haití, Ucrania, Nepal y Sudán, entre otros

Sus beneficiarios requieren ser ciudadanos de un país designado con TPS, haber estado presente en EE.UU. desde una fecha específica establecida por el gobierno, no  tener antecedentes criminales graves y presentar la solicitud dentro del período de inscripción.

Es decir, por definición, los beneficiarios del TPS no deberían entrar en las prioridades de detención y deportación de la administración Trump. No sólo cumplieron con los requerimientos legales, sino que no tienen un récord criminal.

Aunque la administración Trump ha querido ligar a los beneficiarios del TPS con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua, no existe evidencia de que la abrumadora mayoría de quienes obtuvieron las protecciones del TPS sean criminales. 

La administración Biden había reconocido la gravedad de la situación en Venezuela, otorgando y extendiendo el TPS para sus ciudadanos exiliados en los Estados Unidos.

A criterio de Secretaria Noem

Sin embargo, la decisión de la secretaria Kristi Noem sugiere que la lógica de la administración Trump es que las condiciones en Venezuela han mejorado lo suficiente como para justificar la terminación de esta protección, una interpretación rechazada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La decisión de dejar a cientos de miles de venezolanos se produce en un contexto de discusiones entre la administración Trump y el gobierno de Nicolás Maduro. Estas conversaciones, que incluyeron la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la aceptación por Caracas de vuelos de deportados 

Activistas coinciden que deben considerarse soluciones que equilibren las preocupaciones de seguridad nacional con la protección de los derechos humanos y las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Las cortes del país tendrán la última palabra.

Por: Maribel Hastings / AmericasVoice

A pesar del caos, la crueldad y la intencional estrategia de la administración Trump de abrumar a los sectores afectados por sus múltiples y draconianas órdenes ejecutivas en diversos rubros, no únicamente en inmigración, todavía se ven ejemplos de resistencia aunque los retos son complicados.

Durante el fin de semana y este lunes hubo manifestaciones e incluso “un día sin inmigrantes” para condenar las redadas y deportaciones del gobierno de Trump y reiterar el importante papel que juegan esos inmigrantes en la economía del país y en sus comunidades.

Muchos cuestionarán qué diferencia hace este tipo de eventos y la respuesta es sembrar una semilla de acción y de esperanza para no cruzarse de brazos ante la avalancha de nefastas acciones del gobierno de Trump y que afectan la educación, la salud, la economía, la inmigración, la inclusión, las agencias de ley y orden e incluso la vital ayuda que ofrece Estados Unidos a países en desarrollo.

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Vuelos a Guantánamo

Trump inició los primeros vuelos de indocumentados a la Base Naval de Guantánamo en Cuba. Aunque afirman que buscan ampliar el centro que ya existe para procesar inmigrantes interceptados en alta mar, principalmente cubanos, dominicanos y haitianos, activistas han denunciado por años violaciones de derechos civiles y humanos en esta instalación. No hay que ignorar el mensaje enviado de que los inmigrantes son una amenaza para la seguridad nacional.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump “no va a permitir que Estados Unidos sea un vertedero para criminales ilegales de naciones de todo el mundo”.

Para quienes no votaron por Trump, para los demócratas y para los diversos sectores y organizaciones afectados por las órdenes ejecutivas no ha habido tregua. La ofensiva de Trump ha sido brutal y constante porque la intención es paralizar a la oposición que todavía no se recupera del golpe de la derrota en la elección presidencial de 2024.

Y en honor a la verdad, los demócratas y muchos de esos sectores todavía no han encontrado la voz, el mensaje y la estrategia para enfrentar a un presidente de Estados Unidos cuyas acciones atentan contra la tradición democrática de la nación.

Un presidente que está usando las instituciones gubernamentales para literalmente vengarse de quienes considera sus enemigos políticos, como ha hecho con quienes investigaron y procesaron a los responsables del sangriento asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, incitado por Trump y basado en la mentira de que le habían “robado” las elecciones en 2020.

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Indulto a violentos delincuentes

En el mundo bizarro de este presidente, se indulta a los violentos delincuentes cuyas acciones provocaron muerte y destrucción ese 6 de enero, pero se persigue y se castiga a los fiscales y agentes de ley y orden cuyo arduo trabajo resultó en las convicciones de esos delincuentes.

Y Trump indulta a criminales pero sus redadas y deportaciones masivas no se centran únicamente en delincuentes como él alega. La semana pasada NBC reportó que al menos la mitad de los detenidos en un solo día de operativos no tiene historial delictivo. Hasta puertorriqueños, que son ciudadanos, han sido detenidos por ICE.

Su purga de inmigrantes tampoco se limita a los indocumentados. Ya se anunció que Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 300,000 venezolanos haciéndolos vulnerables a la deportación.

El bombardeo de medidas no ha silenciado algunas voces que se alzan para denunciar despidos injustificados y excesos de Trump en las agencias federales, o a los grupos que presentan demandas ante tribunales para frenar las acciones de Trump que consideran ilegales y anticonstitucionales.

También están las valientes acciones individuales como la Reverenda Mariann Budde que le pidió a Trump tener compasión de los inmigrantes diciéndole que no son criminales.

Un Día sin inmigrantes

Hasta los propios indocumentados encaran a Trump. La Opinión reportó que la poblana Anely Solís, indocumentada, se unió al llamado del “día sin inmigrantes” en Los Ángeles y no envió a sus hijos a la escuela. Sus hijos viven con el constante terror de que su madre sea detenida y deportada.

Pero Solís quiere que sus hijos vean que su mamá “hizo algo bueno tanto para nosotros como para la comunidad latina y luchó por las personas que no tienen papeles”.

Es una lección para los demócratas para que sacudan la derrota electoral y comiencen a tomar las acciones que les sean posibles desde la minoría y hagan más que meramente denunciar a Trump. Pueden creer que doblar las manos ante Trump es la mejor opción política, pero no es la humanitaria ni moralmente correcta.

Aunque tome tiempo reagrupar fuerzas, la resistencia es incluso más urgente ahora que en la primera administración Trump, pues sus peores amenazas se están haciendo realidad.