Washington – EEUU.- En su sesión de este martes, la Corte Suprema de Estados Unidos conoció tres demandas, en las que se exige la plena vigencia de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, por sus siglas en inglés.
Por más de una hora, los nueve magistrados que conforman el máximo tribunal escucharon alegatos en favor y en contra del programa, que protege de la deportación a, por los menos, 800.000 jóvenes indocumentados, que llegaron a Estados Unidos en su infancia o adolescencia, en compañía de sus padres.
De acuerdo con testigos de la audiencia, los juristas brindaron máxima atención a cada una de las exposiciones. “La mayoría de los jueces mostró interés sobre DACA”, dijo a la prensa Alex Gálvez, un abogado que se especializa en temas migratorios y que se movilizó desde California hasta Washington D.C. para poder presenciar de la jornada.
Según ese mismo letrado, los magistrados Samuel Alito y Stephen Breyer criticaron la pretensión del presidente Donald Trump de eliminar el plan. A juicio de los juristas, el Ejecutivo “juega ping-pong” con las cientos de miles de personas que, gracias la Acción Diferida, han podido salir de las sombras para llevar una vida de relativa normalidad.
Por su parte, Greg Storhr, corresponsal de Bloomberg, señaló que los jueces “parecen (estar) inclinados (a la idea de) permitir que Trump cancele DACA”. En esa misma línea se manifestaron periodistas de “The New York Times”, quienes indicaron que la mayoría conservadora que hace vida dentro de la Corte (sólo cuatro de los nueve jueces son de tendencia progresista) se mostraron a favor del Ejecutivo estadounidense.
Aunque se activó en 2012, durante la administración del expresidente Barack Obama, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia se vio interrumpida, a finales de 2017, por orden del presidente Donald Trump.
La medida, anunciada por el entonces fiscal general Jeff Sessions, fue atajada, de inmediato, por cortes federales en California, Nueva York, Virginia y Washington D.C. Además, un juez federal de Texas la declaró completamente ilegal.
Ante ese escenario, la Casa Blanca elevó el asunto hasta el Supremo, con la intención que sea esa instancia la encargada de definir el futuro de DACA y de sus miles de beneficiarios.
