«Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española», señalaron en su comunicado David Kaye, relator sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, y Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
Ambos son expertos independientes que forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo que precisó en su comunicado que trabajan de forma voluntaria e individual, sin ser personal de Naciones Unidas.
El comunicado recuerda que el 21 de septiembre, más de 4.000 agentes de policía fueron desplegados en Cataluña con la orden de ‘actuar en caso de que se celebrara el referéndum ilegal’.
«Nos preocupa que esta orden y la retórica que la acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social», dijeron los expertos.
El gobierno regional catalán mantiene que la consulta se celebrará este domingo, a pesar de las sentencias de la justicia y las medidas adoptadas por el gobierno español, que se ha incautado de material electoral y ha detenido a responsables y partidarios de la consulta.
«Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas», dijeron los expertos.
A primera hora de esta mañana, la Guardia Urbana de Barcelona se ha presentado en unos talleres del Ayuntamiento para custodiar las urnas depositadas allí y que son propiedad del Estado. La Guardia Civil se ha incautado en Igualada de millones de sobres y papeletas para el 1 de octubre.
«Instamos a todas las partes a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos», concluye el texto.
