Tegucigalpa – Honduras.- El apoyo de Estados Unidos es una de las razones por las que Juan Orlando Hernández permanece en el poder. El jefe de Estado hondureño, clave para la estrategia de Washington en materia de seguridad, enfrenta severos problemas de popularidad.
Un estudio de la encuestadora CID/Gallup, realizado en mayo de este año, reveló que el gobernante cuenta con una tasa de desaprobación de 64%. Tal grado de aversión, aseguran los especialistas, empezó a gestarse en 2017, luego de las elecciones presidenciales que fueron efectuadas en noviembre de aquel año.
Los comicios, en los que resultó derrotado el izquierdista Salvador Nasralla, se dieron en medio de irregularidades, que empañaron la victoria del actual Presidente. De hecho, su triunfo no fue confirmado sino hasta 21 días después de las votaciones, a través de un fallo que fue emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pesar de que la ventaja de Hernández sobre su contrincante era de un estrechísimo 1.53%.
Esa situación derivó en una crisis de credibilidad que se acrecentó cuando fiscales estadounidenses señalaron al mandatario de haber empleado 1.5 millones de dólares, provenientes del narcotráfico, para financiar la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia en 2013.
Ese dinero lo habría conseguido gracias a las conexiones de su hermano Juan Antonio Hernández, alias “Tony”, con organizaciones criminales, dedicadas a la venta y contrabando de estupefacientes. A cambio – y según las acusaciones – Juan Orlando le habría asegurado a los cárteles protección y libertad de acción dentro del territorio de su país.
Aún cuando el caso es manejado por una corte federal de Manhattan, en el estado de Nueva York, el Departamento de Estado ha ratificado al gobernante centroamericano como uno de sus principales aliados. De hecho, ese ministerio ha indicado que, aunque la Fiscalía federal mencione a Hernández como coconspirador, aún no se presentan cargos puntuales en su contra.
El motivo de tal respaldo radica, según algunos, en los números que son exhibidos por el Ejecutivo hondureño en materia de muertes violentas. Si bien Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo, la tasa de homicidios ha descendido desde 86 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2011, hasta 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2018.
Por otra parte, durante la gestión de Hernández, la nación centroamericana ha extraditado a dos docenas de traficantes de droga, que ahora se encuentran en cárceles estadounidenses.
La guinda del pastel la representa la Base Aérea “Soto Cano”, un complejo militar que tiene amplia presencia de efectivos que pertenecen al Ejército de Estados Unidos y que son dirigidos por el Comando Sur de ese país.
Sabiéndose respaldado por su vecino del norte, el Presidente hondureño se ha dedicado a negar las acusaciones en su contra y a asegurar su permanencia en el cargo. La tarea se le ha sido facilitado gracias al apoyo que recibe, por igual, de los militares y del Congreso.
En los cuarteles, Juan Orlando Hernández goza de la aceptación que no tiene en la calle. Mientras tanto, el Parlamento es ampliamente controlado por su tolda política, el Partido Nacional, y por organizaciones que son afines a su proyecto.
Esas circunstancias son las que le han permitido al mandatario resistir el descontento social que se evidenció, por ejemplo, en junio de este año. A partir de ese mes, Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras fueron escenario de violentos disturbios que concluyeron en saqueos, detenciones y muertes de manifestantes.
