Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump sigue revisando opciones sobre el futuro de la Acción Diferida de 2012 (DACA), a solo cinco días del vencimiento del ultimátum presentado en julio por los fiscales generales de 10 estados, encabezados por Texas y el gobernador de Idaho, para acabar con este sistema que protege de la deportación a cerca de 800,000 dreamers.
Entre ellas, el mandatario sopesa si los fiscales generales estarían dispuestos a extender su plazo del 5 de septiembre para la acción de Trump, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, dijo la cadena CNN el jueves.
El domingo la Casa Blanca confirmó a Univision Noticias que el mandatario había solicitado informes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre DACA, pero que «todavía no había tomado una decisión» al respecto, dijo Helen Aguirre Ferré, portavoz para medios hispanos.
El miércoles Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que DACA aún está sujeto a un proceso de “revisión muy largo”, y que «es algo que sigue analizando y aún no se toma una decisión final”.
Trump anunció en febrero, durante una conferencia de prensa, que le resultaba difícil lidiar con el tema de DACA y esperaba hacerlo (y tomar una decisión) con el corazón, aunque no explicó si mantendría o no la Acción Diferida de 2012 y cumpliría la promesa que le hizo a sus electores durante la campaña de deportar a los 11 millones de indocumentados.
DACA fue anunciado el 15 de junio de 2012 casi al término del primer gobierno del presidente Barack Obama, en respuesta a la inacción del Congreso con el debate y aprobación de una reforma migratoria que sacara de las sombras a los indocumentados.
El programa, que desde un comienzo fue duramente criticado por los republicanos –porque se trató de una medida sin tener en cuenta la opinión del Congreso–, entró en vigor 60 días más tarde, el 15 de agosto. La Acción diferida concedía un amparo de la deportación y una autorización de empleo renovable cada dos años para indocumentados que llegaron a EEUU siendo niños.
Compás de espera
En el caso que Trump llegue a cancelar DACA, los casi 800,000 jóvenes protegidos por el programa quedarían sin protección de deportación y podrían enfrentar procesos de expulsión.
“Al cancelar el beneficio, también se cancelarían los permisos de trabajo, aunque algunos tengan una fecha de expiración posterior. No hay que olvidar que el permiso de trabajo es parte del beneficio migratorio”, dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.
Agregó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tendría que iniciar un proceso para pedirle a la USCIS todos los archivos de los “protegidos por el programa”.
Abogados consultados por Univision Noticias señalan que este trámite llevaría un proceso, y que no hay precedente para saber cómo se hace y qué harían las agencias al respecto.
“Nosotros ya nos estamos preparando para esta situación”, señala Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream (UWD) en Nueva York. “Emprenderemos acciones legales para combatirlas. No vamos a permitir que la USCIS entregue nuestros datos a ICE para que el gobierno inicie procesos de deportación en nuestra contra. Cuando el gobierno de Estados Unidos recolectó nuestra información, nos aseguró que nunca la utilizaría para expulsarnos”.
