Desde el pasado 24 de junio, Paola Larissa, está encerrada en un centro de detención de Texas, luego que los cinco miembros de la familia ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y se entregaron a las autoridades de migración.
Venían huyendo de las amenazas de muerte en su contra por parte de las temidas maras en su natal Soyapango, El Salvador.
Pero en lo que parece ser una selección arbitraria por parte de las autoridades migratorias, cuatro miembros de la familia fueron liberados y ya residen en Los Ángeles, pero ahora, su sufrimiento y preocupación es por Paola, de 22 años, quien está en riesgo de deportación en cualquier momento.
Claudia Larissa Amaya de Rivera, su esposo Julio Rivera Méndez y sus hijos, Julio Ottoniel, de 16 años y Julio Isaí de 11 se encuentran a salvo en Los Ángeles después de salir del South Texas Detention Complex el 26 de junio, dos días después que cruzaron el Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos.
“Mi esposo era tapicero y ya teníamos varios años de ser víctimas de la violencia de las pandillas”, relató Claudia. “Cada semana venían los mareros a pedirle $250 dólares y si no pagaba lo amenazaban con pistola o quemarían el negocio”.
La mujer tiene fotografías que muestran el cuerpo de su esposo, a quien los pandilleros le lanzaron agua hirviendo y le causaron serias quemaduras.
“Por años les estuvimos dando el dinero, pero el líder de la pandilla también amenazaba que mi hija Paola algún día iba a ser suya”, dijo. “Ellos querían violarla, tres veces la retuvieron a punta de pistola”.
“Eran muchos pandilleros, como 20 o 25 los que controlaban la colonia; se repartían los bloques, los pasajes o la zona”, añadió. “Yo nunca pude poner una denuncia porque nos decían que si lo hacíamos, no nos quedaría más opción que salir del país y que lastimosamente nos matarían a todos”.
Unos libres, otros presos…y en riesgo de deportación
Esas amenazas los empujaron a dejar su natal El Salvador y buscar refugio en el Norte.
Según relata la familia, iban montados en La Bestia – el tren que usan los migrantes para cruzar México – cuando fueron apedrearon y el papá fue golpeado y sangrante cruzó el Río Bravo en la frontera con su hijo más pequeño. La madre cruzó con el mayor y Paola. Se entregaron por separado a las autoridades de migración, que liberaron al padre y al hijo y luego la madre con su hijo de 16. Paola se quedó detenida.
Y según determinó un oficial de inmigración y un juez, la joven no califica para asilo en Estados Unidos.
“El juez me dijo que yo no calificaba por raza, religión, nacionalidad y otras razones”, dijo Paola desde el centro de detención migratorio. “Me dijo que debería ser la policía de mi país la que debería cuidar mi seguridad”.
Contó que el 16 de julio su entrevista de miedo creíble fue negada, y, posteriormente, el 13 de agosto, un juez de inmigración concluyó que no tenía opción de apelación y que debería ser regresada a su país. Ella no tuvo representación legal durante la entrevista.
“[El juez] Me preguntó por qué huía y por qué creía que me querían matar”, dijo. “Le respondí que a mi padre ya lo habían intentado balacear y que lo matarían si no pagaba, que las maras le lanzaron agua hirviendo en el cuerpo y que a mí me quisieron violar en tres ocasiones”.
“No pasó la entrevista”, dijo su madre Claudia. “Pero si la regresan, mi hija estaría en riesgo de muerte”.
Claudia, su esposo y dos hijos fueron liberados sin ningún grillete. Tampoco pagaron fianza.
“Yo les pregunté por qué no me entregaban a mi hija”, recuerda la afligida madre. “Me dijeron que ella tendría que quedarse por ser mayor de edad”.
Paola Larissa ha sido afectada por la nueva política de “cero tolerancia” del gobierno de Donald Trump, que dejó fuera los criterios de pandillas y violencia doméstica como causas legales para pedir asilo en Estados Unidos.
De hecho, el 11 de junio el fiscal general Jeff Sessions ordenó a los jueces de inmigración desestimar los pedidos de asilo en base a estas razones.
Adelina Pruneda, portavoz de asuntos públicos del DHS/ICE, no ha dado una respuesta a la pregunta de La Opinión sobre este caso.
El abogado Alfonso Otero, experto en asuntos migratorios en Texas, expuso que “la familia tuvo suerte que hayan dejado salir al papá; no es que sean selectivos, sino que la muchacha ya pasa de los 21 años”.
Presunto acoso sexual
Sin embargo, podría haber un resquicio legal para que la chica evite la repatriación.
Durante una entrevista telefónica con La Opinión, Paola reveló que el 21 de agosto llegaron unos guardias a su celda, la levantaron y la llevaron con un psicólogo, a quien ella narró que una persona llamada “Juan León” le ofreció servicios de abogado para defender su caso, pero después de narrarle toda su historia, presuntamente la acosó sexualmente.
“Primero, él me agarró de la mano, luego del brazo y hasta el cuello y yo sentí que él me estaba acariciando”, contó Paola. “No le dije nada porque tenía miedo; estaba sola con él en un cuartito; me decía que yo era muy bonita y que él me iba a sacar en 10 días”.
Paola aseguró que el “abogado” le pidió el número de teléfono de su madre -que ya estaba en Los Ángeles-.
En grabaciones de llamadas telefónicas, una mujer de la oficina de la cual proveía esta persona informó a la familia que “Juan León” no era abogado.
Al enterarse de un supuesto fraude, hicieron los reclamos pertinentes y la madre mostró un documento del reembolso de $1,000 dólares.
Paola aseguró a La Opinión que presentó un reporte por escrito a las autoridades del centro de procesamiento de inmigración sobre la presunta agresión sexual.
“Me prometieron que ellos iban a solicitar que se haga un reporte criminal para que se investiguen los hechos”, dijo la joven salvadoreña.
“Si hubo contacto o no, por ética no se hace; cuando hay un detenido, sólo se pueden intercambiar papeles, pero nada de abrazos ni caricias, y aunque no haya audio de este caso, puede haber vídeo”, opinó el abogado Alex Gálvez, experto en asuntos de inmigración. “Eso podría representar una gran demanda civil contra la cárcel, contra el notario o paralegal y cualquier abogado”
Entrevistado por escrito en un mensaje electrónico y cuestionado sobre “Juan León”, el abogado de Del Rio, Texas, Jacques L. De la Mota dijo las declaraciones de que sacarían a Paola de la cárcel en 10 días “no eran ciertas”.
También, respondió que el reembolso de los $1,000 dólares “no es cierto”.
Asimismo, consideró que la declaración del presunto acoso sexual “no era verdadera” y describió las medidas de seguridad, el ambiente, área de visitas, número de guardias, así como políticas y procedimientos de ICE, además de barreras físicas que impiden el contacto físico, incidirían en que la detenida “pueda sostener sus
comentarios”.
