Los Angeles.- Durante los más de seis años que Alicia Frausto pasó en Tijuana, después de ser deportada al ser obligada a firmar su salida voluntaria, no hubo día que no deseara regresar a Estados Unidos para reunirse con sus hijos.
Aunque lo consiguió a finales de octubre pasado, su regreso, confiesa, fue agridulce.
“Me siento feliz de estar con mis hijos, pero a la vez como una criminal porque Migración me puso una pulsera electrónica para vigilarme todo el tiempo. Yo sé que es temporal, pero me hace sentir humillada y deprimida”, sostiene.
En busca de una mejor vida, Frausto emigró en su juventud de Zacatecas, México, a California en 1982.
En este país nacieron sus dos hijos y llevaba 28 años de residencia en el condado de Los Ángeles cuando en 2010 acudió a la Corte de Tránsito a pagar unas multas.
“El juez me dijo que tenía que pasar cinco días detenida para cumplir con la penalidad. No me aceptó pagarla con dinero ni con servicio comunitario. Pasados los cinco días de detención en una cárcel del condado, me informaron que sería deportada. ¿Por qué?, pregunté toda angustiada. Porque tú eres una ilegal’”, recuerda —aún aterrada— que le dijeron.
Al oír la noticia, sintió que la sangre se le fue de golpe al piso.
“El mundo se me vino encima. Mis hijos, mi trabajo, mi vida entera estaba aquí. Lloré a llanto abierto”, recuerda.
Intentos desesperados
Al día siguiente, fue deportada a Tijuana y se encontró sola como nunca en su vida, sin conocido alguno en la frontera mexicana y sin dinero. “De la noche a la mañana, estaba en una ciudad llena de peligros. Nunca pensé en regresar a Zacatecas porque en Tijuana, al menos mis hijos podrían venir a verme”, dice.
Desesperada, intentó regresar con una mica que no era suya pero los agentes de la Patrulla de Caminos la descubrieron y fue deportada.
“La separación fue muy dura al ver el dolor de mis hijos de que su madre estaba siendo desterrada. Me sentía deprimida, desilusionada.”
Reconoce que cayó con gente buena que le ayudó en Tijuana. “El grupo de Madres Soñadoras me hizo fuerte. Yo vendía ropa en un tianguis; y encontré empleo en una lavandería. Mis hijos también me ayudaban económicamente”, sostiene.
Pero revela que el pilar que la sostuvo en Tijuana fue su fe por Dios y hablar a diario por teléfono con sus hijos. “A veces, dos o tres veces al día. Por sus horarios del empleo, era difícil que los dos pudieran venir al mismo tiempo a Tijuana”.
Delante de sus hijos no revelaba sus sentimientos. “No quería que me vieran llorar y angustiarlos”, dice con la voz entrecortada por la emoción.
Esta madre logró regresar el 27 de octubre de 2016 con su familia ya que su caso fue parte de la demanda colectiva López-Venegas contra Johnson entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de San Diego y del sur de California así como por el bufete de abogados Cooley LLP.
Como ella, miles de inmigrantes deportados fueron obligados a firmar la salida voluntaria.
“Los oficiales de migración me engañaron. Me obligaron a firmar la salida voluntaria. Me dijeron que si no firmaba, me dejarían detenida hasta por un año y no podría arreglar por medio de mis hijos nacidos en Estados Unidos. Por miedo, firmé y perdí todo poder”, indica.
La demanda se resolvió con un acuerdo judicial en febrero de 2016 que ha permitido regresar a algunos de los obligados a firmar su salida voluntaria para que dentro de Estados Unidos puedan arreglar su estatus migratorio.
Frausto ya tiene un abogado en Migración que trabaja para resolver su estatus con base a una petición hecha por sus hijos ciudadanos estadounidenses. Al momento de su deportación, su hija tenía 17 años y su hijo 29 años.
“Es cuestión de tiempo, pero estoy muy contenta porque regresé y me encontré con que ya soy una abuela de una niña de tres años”, revela.
