Boston – Estados Unidos.- Treinta y tres días para abandonar el país. Ese es el plazo que dio la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración a Jonathan Sánchez, un adolescente de 16 años que recibe tratamiento en el Hospital de Niños de Boston.
Jonathan, de origen hondureño, está siendo atendido desde hace tres años para mitigar la fibrosis quística, una enfermedad genética progresiva que causa infecciones pulmonares y limita la capacidad de respirar.
Al igual que sus padres, Jonathan ha vivido en Boston gracias a un permiso temporal que reciben los extranjeros que requieren atención especializada por afecciones médicas graves.
Mariella Sánchez, madre de Jonathan, contó en entrevista a MassLive que gracias a la atención recibida en Boston ha podido salvar la vida de su hijo. “Cuando vino aquí estaba prácticamente muriendo”.
La notificación escrita de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) agrega que si no abandonan el país enfrentarán un proceso de deportación.
Inmigrantes con permisos de residencia por cuestiones de salud están siendo notificados por USCIS al igual que Jonathan. Hay reportes de que en Carolina del Norte, California y otros estados han recibido la carta.
“La evidencia indica que cuando usted realizó su solicitud usted se encontraba en los Estados Unidos violando la ley. No está autorizado a permanecer en los Estados Unidos. Si usted no se retira en 33 días de los Estados Unidos a partir de la fecha de esta carta, USCIS enviará una Notificación de Audiencia y comenzará su proceso de deportación”, advierte la misiva.
Antes de la medida que está implementado el gobierno de Estados Unidos, desde el 7 de agosto, se permitía que inmigrantes y sus familiares permanecieran legalmente en Estados Unidos mientras recibían tratamiento médico de vida o muerte.
Pero la agencia migratoria está actuando en base a cambios recientes en la política de “carga pública”, los cuales deberían aplicar a partir del 15 de octubre.
Estos cambios, que fueron demandados en tribunales por varios estados de la Unión, limitan las posibilidades de optar a la residencia legal en el país si el solicitante es beneficiario de planes públicos del Estado.
