Washington.- Miles de indocumentados, entre ellos dreamers y familiares inmediatos de ciudadanos y residentes legales, no saben qué sucederá con ellos a partir del 20 de enero de 2017.
¿Cuáles son? ¿A quiénes protegen? ¿Quiénes se verán afectados? En concreto son dos. Una beneficia a miles de dreamers, la otra contiene beneficios tanto para inmigrantes legales e indocumentados. Y también establece la actual lista de prioridades de deportaciónque implementa la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre otros programas.
La Acción Diferida de 2012
A mediados de 2012 Obama anunció una Acción Diferida para proteger de la deportación a 1.2 millones de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers. El beneficio también les otorga un permiso de trabajo renovable cada dos años.
“En cuatro años de vigencia, DACA ha favorecido a cerca de 900,000 jóvenes”, dijo a Univision Noticias Cristina Jiménez, directora de United We Dream en Nueva York.
Los beneficiarios de DACA deben demostrar que están en Estados Unidos desde antes del15 de junio de 2007, carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. También deben demostrar que “no han sido condenados por un delito grave, delito menor significativo, o tres o más delitos menores, y de ninguna otra manera constituye una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”, dice la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Entre otros requisitos, los beneficiarios deben probar que están asistiendo a la escuela, se graduaron u obtuvieron un certificado de finalización de escuela secundaria, obtuvieron un certificado GED o es un veterano retirado honorablemente de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de EEUU.
De cancelarse la Acción Diferida de 2012, todos los beneficiarios del programa regresarán a su estatus inmigratorio inmediato anterior, explican abogados consultados por Univision Noticias. Se desconoce por ahora qué haría con ellos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuyo mando operan ICE y el USCIS. Desde que entró en vigor el programa, el gobierno de Obama ha asegurado que la información de los beneficiarios de DACA obtenida por la USCIS no será compartida para fines de deportación.
La Acción Ejecutiva de 2014
El 20 de noviembre del 2014 Obama anunció una Acción Ejecutiva que incluyó, entre otros beneficios, un programa para amparar de la deportación de unos 4.2 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DACA), y otro que ampliaba los beneficios de la Acción Diferida de 2012 (DACA) para favorecer a otros800,000 jóvenes indocumentados (dreamers).
La implementación de ambos programas están frenados por decisión de una corte de Texas desde el pasado 16 de febrero del 2015. Pero la Acción Ejecutiva del 2014 contiene otros beneficios y programas que se verían afectados si el gobierno de Trump lo cancela, como lo advirtió durante la campaña.
Cambio a la Ley del Castigo
La Acción Ejecutiva del 2014 incluye una reducción del tiempo de espera para algunas familias que están separadas en espera de la residencia (tarjeta verde o green card). Señala que los indocumentados familiares inmediatos (cónyuges o hijos menores de 21 años solteros) de residentes legales permanentes o de ciudadanos estadounidenses, pueden aplicar para obtener una exención provisional si el cupo de visa está disponible, y que no les caiga encima la Ley del Castigo.
Los beneficiarios pueden tramitar un perdón para salir del país ( Formulario 601-A) para llevar a cabo el trámite consular, recibir una visa de inmigrante y regresar a EEUU para recibir la green card. “Se trata de un proceso complejo que requiere varios pasos”, advierte Nelson A. Castillo, un abogado que ejerce la ley de inmigración en Los Ángeles, California.
La Ley del Castigo sanciona con tres años fuera a los inmigrantes que están más de 180 días indocumentados en Estados Unidos, y con 10 años si la permanencia ilegal pasa de 365 días.
El perdón 601-A
Abogados advierten que el perdón solo se puede pedir cuando un ciudadano o residente tiene pruebas de la existencia de un sufrimiento extremo si el cónyuge o el hijo es separado de la familia. Y que si obtiene el permiso en el Consulado no es garantía de que la persona pueda entrar a Estados Unidos. “En cada caso las autoridades estadounidenses revisan todos los méritos de una persona antes de aprobar el formulario”, dice el abogado Ezequiel Hernández.
Y aunque le aprueben el Formulario 601-A y le den el perdón, “usted está sujeto a otras leyes de inmigración que pudieran hacerlo no admisible, por ejemplo si ha mentido en otras ocasiones durante otra gestión migratoria, si ha violado múltiples veces la ley de inmigración o tiene muchas entradas ilegales al país”, indica Castillo.
Prioridades de deportación
Otra medida contenida en la Acción Ejecutiva del 2014 es la lista de prioridades de deportación, y la implementación del Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP) que reemplazó al polémico Programa de Comunidades Seguras.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado que sus agentes se enfocan en los siguientes indocumentados deportables:
- Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
- Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014);
- Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
- Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
Si el presidente Trump cancela la Acción Ejecutiva del 2014, su decisión tendrá impacto en esta lista, indican los abogados consultados.
Otros beneficios en la mira
La Acción Ejecutiva también incluye medidas para:
- Arrestar y deportar de manera acelerada a personas que traten de ingresar indocumentados al país.
- Negar la protección de la deportación a indocumentados que hayan ayudado a traer a otros sin papeles al país, como sus propios hijos.
- Negar la protección a indocumentados que cometan fraude en el proceso de pedir el amparo y acelerar sus deportaciones.
- Cierre de casos de deportación administrativamente.
El presidente electo no ha dicho hasta ahora cuándo cancelaría las acciones ejecutivas migratorias, tampoco cuál será el futuro inmediato de los inmigrantes que pierdan los beneficios adquiridos.
