San Francisco – Miguel Araujo, el restaurantero y activista de la Bahía de San Francisco que fue detenido por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) luego de que el gobierno mexicano emitió una nota roja para que la Interpol lo buscará por supuestamente conspirar por un crimen, fue liberado por falta de pruebas.
“Estoy muy feliz. No lo creía cuando me dijeron que me podía ir. Pensaba que me estaban tomando el pelo. Minutos antes me habían dicho unos guardias que no tenía posibilidad alguna de salir”, dice Araujo de 67 años de edad.
El líder comunitario fue detenido el 9 de diciembre de 2017. Pasó la mayor parte del tiempo bajo custodia en las instalaciones Cosumnes River del ICE en Sacramento. En mayo fue traslado a la cárcel del condado de Yuba en el norte de California.
Araujo obtuvo su libertad tras el pago de una fianza de 5,000 dólares y con la asistencia legal de la oficina de defensores públicos del condado de San Francisco. Los abogados Matt González y Francisco Ugarte de la oficina de defensores públicos de San Francisco, lograron sacar libre a Araujo.
“No soy un delincuente. Fue una injusticia lo que hicieron conmigo. El mismo juez dijo que la nota roja y las evidencias presentadas no demostraban que las acusaciones de que yo supe que en México se cometió un crimen en 2003, no tenían validez”, indica.
Araujo atribuye las acusaciones a una venganza por sus intensas críticas contra el consulado de México en San Francisco y al gobierno mexicano. “La última vez que yo estuve en México fue en 1989. El crimen del que supuestamente fui cómplice fue en 2003, pero 15 años después ordenan a la Interpol detenerme”, dice.
El restaurantero cabildeó durante años por las licencias de manejo para los indocumentados en Sacramento y participó en marchas y mítines a favor de este documento y otros temas relacionados con los inmigrantes. Cuando Gil Cedillo, concejal de Los Ángeles, supo que Araujo había sido detenido, no dudo en mandar una carta de respaldo al ICE.
Araujo deplora que con su detención se haya reabierto su caso en migración. “El gobierno mexicano sin prueba alguna me entregó al ICE. Ahora tengo que defenderme de que no me vaya a deportar, pero no voy a descansar hasta convertirme en ciudadano”, advierte.
Hace ver que incluso ha pensado demandar al gobierno del presidente Peña Nieto y exigirle una compensación por haberlo difamado y mantenido bajo prisión siete meses. “Estoy luchando por no perder mi restaurante porque no lo pude atender todo este tiempo. Mi esposa enfermó mucho y mi diabetes empeoró con la detención”, indica.
Según dijo su abogada en migración, Alisson Dixon, las autoridades migratorias le habían cerrado administrativamente su caso en 2016. Solicitó una revisión a la Junta de Apelaciones de Migración para que suspendan la orden de deportación del juez.
