La Corte Suprema se ha pronunciado este martes en contra de una provisión de la ley federal que facilita la deportación de inmigrantes condenados “crímenes de violencia”, al considerar que es demasiado vaga como para poder ser cumplida.
La decisión, por cinco votos a favor y cuatro en contra, confirma la decisión de una corte federal de apelaciones de San Francisco. Continúa además la senda de un dictamen anterior de 2015 que canceló una provisión similar de otra ley federal que imponía sentencias de prisión mayores por reincidencia.
James García Dimaya, un inmigrante legal de origen filipino que llegó al país en 1992, cuando tenía 13 años, fue condenado a cuatro años de prisión por dos robos en California, ninguno de ellos con violencia, ejecutados en 2007 y 2009.
En 2010, las autoridades migratorias quisieron deportarlo, pero la Corte de Apelaciones del Distrito Noveno canceló la expulsión en 2015 arguyendo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad es demasiado vaga a la hora de determinar qué crímenes son violentos, lo que deja lugar a una arbitrariedad que viola la Constitución.
El magistrado conservador Neil Gorsuch, elegido por el presidente, Donald Trump, se ha alineado en este caso con el sector liberal de la Corte Suprema.
