domingo, abril 28, 2024

La salud de los adultos indocumentados está en el limbo

California.- Erica Torres es una de 1.4 millones de californianos que, se estima, viven sin seguro médico; en gran parte por ser indocumentados.

Ella elevó sus esperanzas cuando el presidente Barack Obama expandió los programas de alivio para inmigrantes indocumentados, una movida controversial que hubiera puesto el cuidado de salud subsidiado por el gobierno dentro de su alcance.

Pero el mes pasado, la decisión de la Corte Suprema de suspender la orden de Obama lanzó por tierra esta aspiración, y dejó el futuro de Torres y sus opciones de seguro de salud en el limbo.

“No he tenido seguro desde que nació mi hijo [ahora de 7 años]”, dijo Torres, de 44 años, quien vive en Canoga Park, un suburbio del sur de California. “Me pareció que era una posibilidad, que a lo mejor calificaría para el Medi-Cal”.

Para los inmigrantes indocumentados, encontrar cuidado de salud asequible ha sido una batalla en curso. Han reclamado algunas victorias. Por ejemplo, los niños indocumentados en California pueden inscribirse en el Medi-Cal, el programa estatal del Medicaid. Pero hay pocas opciones de cuidado de salud a bajo costo para adultos que están en el país ilegalmente.

La decision dividida de la Corte estadounidense, que bloqueó temporalmente los programas de alivio de las deportaciones de Obama, deja a millones de inmigrantes indocumentados en California, y alrededor del país, enfrentando una profunda incertidumbre.

Miranda Dietz, investigadora en el Berkeley Center for Labor Research and Education de la Universidad de California, quien ha estudiado a los inmigrantes y el cuidado de salud, dijo que el fallo de la Corte Suprema significa que menos personas indocumentadas en California tendrán acceso a seguro de salud, tanto por el Medi-Cal, por inscripción en la Universidad o por cobertura del empleador.

Torres, quien vino ilegalmente a EEUU 17 años atrás, puso sus esperanzas en la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA). El programa otorgaría protección de la deportación a adultos que han vivido en el país de manera continua desde 2010 y tienen niños nacidos en este país.

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