Washington.- La Administración Obama ha vuelto a enviar claras señales de que continuará deteniendo y deportando a niños centroamericanos no acompañados en la frontera sur para disuadir la emigración ilegal en la región, mientras activistas pro-inmigrantes insisten en que la obligación de EEUU es protegerlos.
Aunque la Administración Obama ha reconocido que existe una situación “humanitaria” en Centroamérica debido a la galopante violencia, en particular en el “Triángulo del Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras), el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, dejó en claro que el gobierno continuará la expulsión de menores.
“No tenemos fronteras abiertas, y si frenamos las deportaciones tendríamos una crisis humanitaria. Habría un aumento en las salidas (emigración) si frenamos las expulsiones”, argumentó Johnson ayer durante un desayuno organizado por el diario “Christian Science Monitor”.
Johnson argumentó que el gobierno tiene que continuar la política actual de deportaciones –establecidas en noviembre de 2014- para evitar la práctica de “detener y soltar” (llamada “catch and release” en inglés) a los indocumentados.
Por otra parte, Johnson dijo que la agencia sopesa posibles cambios a su política actual a la luz del dictamen del Quinto Circuito de Apelaciones, que el mes pasado reafirmó el llamado “Acuerdo Flores” de 1997, pero no precisó cuándo.
El secretario de Seguridad Nacional insistió en que su agencia está cumpliendo con las órdenes de Gee, pese a que grupos pro-inmigrantes dan cuenta de la continua detención de menores.
Según Johnson, su agencia ha tomado medidas para asegurar que “la estancia promedio en las instalaciones (de detención) es de 20 días o menos”, pero defendió la política de detenciones.
Consultado hoy por este diario, el DHS aún no ha precisado la cifra de cuántos menores permanecen bajo su custodia. La cifra puede variar debido a que los que son puestos en libertad son reemplazados de inmediato por otros detenidos.
Según cifras del DHS, en junio pasado, las autoridades detuvieron a 4,809 niños centroamericanos no acompañados, un descenso respecto a los 5,617 detenidos el mes anterior. Las cifras de detenidos, en general, apuntan a una baja en las detenciones en la frontera, producto de la política actual.
En la actualidad, la Administración Obama realiza hasta 18 vuelos semanales con inmigrantes deportados al “Triángulo del Norte”, que registra altas tasas de violencia.
¿Qué pasa con el “Acuerdo Flores”?
En agosto del año pasado, la jueza federal Dolly Gee exigió que el gobierno ponga en libertad a los menores bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional, al señalar que, si no lo hace, estaría violando el “Acuerdo Flores”.
Ese acuerdo estableció las políticas nacionales respecto a la detención y trato de menores de edad detenidos en la frontera sur.
El documento aplica a todos los niños detenidos por los agentes federales, incluyendo a los que permanecen en centros de detención con sus padres y a los que, por cruzar sin la compañía de un adulto, son transferidos a los albergues administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).
El mes pasado, el Quinto Circuito de Apelaciones dictaminó que el acuerdo aplica tanto a los menores como a sus padres, aunque aclaró que la puesta en libertad solo aplica a los menores.
La máquina de deportaciones
Según datos oficiales, en los últimos cinco años, EEUU y México han deportado a unas 800,000 personas a Centroamérica, incluyendo a 40,000 menores de edad.
Tan solo en 2015, a través del controvertido “Plan Frontera Sur”, México detuvo a cerca de 172,000 migrantes del “Triángulo del Norte”, en comparación con 118,000 el año anterior.
El pasado 26 de julio, los departamentos de Estado y Seguridad Nacional anunciaron sendos planes para agilizar el procesamiento de refugiados de El Salvador, Guatemala y Honduras a través de Costa Rica.
Según esos planes, quienes hayan solicitado estatus de refugiados en esos tres países y hayan pasado el escrutinio del DHS, recibirán refugio temporal en Costa Rica hasta que se procese su reasentamiento en EEUU u otro país de la región.
También establecieron un programa que les permitirá solicitar reasentamiento en EEUU una vez que hayan pasado una revisión por parte del gobierno.
Además, las autoridades anunciaron la ampliación del Programa para Menores de Centroamérica (CAM, por su sigla en inglés) que permitirá que estos menores puedan ser acompañados a EEUU por hermanos mayores, padres biológicos u otras personas que a cargo de su cuidado.
En declaraciones a este diario, Benjamin Johnson, director ejecutivo de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA), criticó que la Administración Obama esté tratando a quienes solicitan asilo como simples inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera y no como personas “que merecen un trato justo y, para muchos, un refugio seguro bajo las leyes del país”.
“Al seguir negándose a tratar como legítimos solicitantes de asilo a familias que huyen de una violencia incontrolable en Centroamérica, la Administración Obama está minando el compromiso de EEUU con la ley y los valores estadounidenses”, dijo Johnson.
“Las agresivas tácticas de disuasión del DHS están poniendo en peligro la vida de miles de madres y niños” y EEUU debe “frenar de inmediato” la detención de madres y niños”, enfatizó.
