LOS ÁNGELES, California.- Una ley firmada este miércoles por el gobernador de California, Jerry Brown, impone un marco de transparencia para cuando las fuerzas del orden estatales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El impulsor de esta medida, el asambleísta Rob Bonta, explicó que la AB 2792 arroja una luz a las gestiones que hace ICE «a puerta cerrada» y que afectan a la «frágil relación» que existe entre las comunidades de indocumentados y los departamentos de Policía y Sheriff.
La ley AB 2792, conocida como TRUTH Act (siglas de Revisión Transparente de Transferencias Injustas y Detenciones), especifica que a partir del 1 de enero de 2018 cualquier gobierno local cuyas fuerzas del orden hayan coordinado operaciones o prestado servicios con ICE el año anterior deberá organizar un foro abierto al público en el que se especifiquen los detalles de esa colaboración.
El TRUTH Act obliga que que Policía y Sheriff obtengan un consentimiento firmado por escrito de un detenido que sea de interés para ICE antes de permitir que agentes migratorios realicen un interrogatorio.
Así mismo permite a los detenidos enterarse si las autoridades migratorias están solicitando su custodia. Actualmente, según activistas, mucha gente no saben de este proceso hasta que llegan a las cárceles de ICE o están camino a la deportación.
“Esta ley requiere que antes de que una agencia de policía local permita que una persona bajo su custodia sea entrevistada por ICE por violaciones civiles de inmigración proporcione al individuo un formulario de consentimiento por escrito que explique, entre otras cosas, el propósito de la entrevista, que es voluntaria y que la persona puede negarse a ser entrevistado”, explica la oficina del asambleísta Luis Alejo, uno de los autores de la legislación.
Por su parte, el gobernador Brown opinó que la AB 2792 “refleja un enfoque medido a un debido proceso y los principios de transparencia”.
ICE analiza impacto del TRUTH Act
Un vocero de ICE comentó a Univision Noticias que estaba revisando dicha legislación “para determinar el impacto potencial en nuestras operaciones”.
Es común que las agencias del orden sean apoyo en las redadas de ICE que, por ejemplo, buscan a pandilleros con un largo historial criminal o personas cuyos trámites migratorios rechazó un juez.
Eso sucede incluso en ciudades como Los Ángeles, cuyos líderes se oponen a la deportación masiva de inmigrantes. Su Policía, de hecho, tiene una política (Orden Especial 40) que prohíbe a sus agentes que detengan a una persona solo por suponer que no tiene un estatus migratorio.
Pero la corporación no se limita en las acciones de ICE. El ejemplo más reciente es el caso de la mexicana Xóchitl Hernández, quien pasó seis meses de encierro en el centro de detención migratoria en la ciudad de Adelanto, en el condado de San Bernardino, luego de su arresto en un operativo conjunto de ICE y la Policía de Los Ángeles (LAPD) al ser vinculada con una pandilla.
Otro ejemplo es la misteriosa operación que a principios de agosto lideró el Departamento de Vehículos de California (DMV) y en la que también participaron funcionarios de ICE y elementos de la Policía de Pomona, concluyendo con el arresto de 12 inmigrantes en la ciudad de Pomona.
Aún no está claro para qué pidió DMV la participación de ICE, ni por qué se sumó la policía local.
Procurando el debido proceso
Para la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la legislación TRUTH Act establece las bases para contar con las protecciones que brinda el debido proceso en los casos de deportación.
“Si hay una cosa que está clara al momento es que el ICE está operando sin la debida competencia en las devastadoras detenciones y deportaciones de familias migrantes de California. Vamos a seguir trabajando hasta que consigamos que ICE esté fuera de nuestras comunidades y nuestras cárceles”, dijo Jessica Karp Bansal, directora de litigación de NDLON.
En octubre de 2013, Brown promulgó la Ley de Confianza, que impide que las agencias locales del orden colaboren con ICE en la detención de inmigrantes indocumentados que no han cometido delitos serios. Con ello se buscaba detener las deportaciones masivas registradas en el estado dorado.
