Maribel Hastings/Asesora de America’s Voice

Se supone que en los próximos días se cancele el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos tras el fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno de Donald Trump permitiendo además la terminación del programa para sirios, pero en realidad afectando a los 1.3 millones de beneficiarios que al presente poseen permiso de trabajo y protección de la deportación.

Se indicó que la cancelación sería efectiva el 10 de julio, pero expertos, activistas, y el propio USCIS explicaron que las protecciones permanecerían vigentes hasta que el tribunal de menor instancia concuerde con el fallo del Supremo, lo que podría ocurrir el 20 de julio.

Pero sea cual sea la fecha de expiración, el efecto de este fallo será devastador sobre individuos, familias, niños, empleadores y las economías de las localidades, ciudades y estados donde los beneficiarios residen.

Precaria y violenta situación

Además, Haití está sumida en una precaria y violenta situación política y económica y no es un lugar seguro para recibir a cientos de miles de personas. El TPS se creó precisamente para conceder permisos de trabajo y amparo de la deportación a personas que están en Estados Unidos cuyos países de origen atraviesan por desastres naturales, guerras o inestabilidad política y por ende, económica.

Los llamados a extender en lugar de cancelar el TPS también provienen de políticos republicanos de estados como Florida y Ohio con una fuerte presencia de haitianos beneficiarios de TPS que son parte central de sus comunidades y de su economía.

“No se puede decir que (Haití) sea un lugar estable, por lo que debemos extender el TPS no solo para los haitianos, sino también para los venezolanos”, dijo el congresista republicano de Florida, Carlos Giménez, aludiendo a los terremotos de Venezuela que también suponen que esa nación no pueda absorber a los más de 600 mil venezolanos amparados por el cancelado TPS.

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Nicole Malliotakis, congresista republicana de Nueva York, es parte de los 11 legisladores republicanos que apoyaron una fallida medida demócrata para extender el TPS a los haitianos en abril. “Muchos de los pocos que votamos a favor de la extensión del TPS hemos manifestado nuestra preocupación por los empresarios de nuestro distrito”, indicó. Malliotakis afirmó que le han solicitado a la Casa Blanca una extensión del TPS o un programa especial que les permita seguir trabajando.

“No parece que estén dispuestos a hacerlo, pero es lo correcto y seguiremos presionando para que así sea”, indicó la congresista.

Según un análisis de FWD.us, “200 mil  titulares haitianos del TPS ya forman parte de la población activa de Estados Unidos trabajando en sectores esenciales, entre los que se incluyen 15 mil trabajadores agrícolas, 13 mil auxiliares de enfermería, 8 mil cuidadores y muchos más”.

Condenados a la pobreza

Además, “hay 50 mil niños con ciudadanía estadounidense que tienen al menos un progenitor que es titular haitiano del TPS”. “Si se revoca el TPS, se estima que 25 mil de ellos se verían condenados a la pobreza cuando los beneficiarios haitianos del TPS pierdan su permiso de trabajo”.

FWD.us estima que los 330,000 haitianos beneficiarios del TPS “generan $5,900 millones de dólares para la economía estadounidense cada año y pagan anualmente $805 millones de dólares en impuestos federales y sobre nómina, así como $755 millones de dólares en impuestos estatales y locales”.

Los críticos del TPS argumentan que es un programa temporal, no permanente. Pero también es cierto que es válido extenderlo si los países receptores no están en condiciones de absorber a miles de sus nacionales.

Décadas viviendo y trabajando en USA

Como también es cierto que si son personas que llevan años viviendo en Estados Unidos, algunos décadas, trabajando en sectores esenciales de la economía, pagando impuestos, y con familias establecidas e hijos ciudadanos, lo correcto y sensato sería extender el permiso o legalizarlos.

Y es que cancelar el TPS deslegalizando a sus beneficiarios le provee a Trump inmigrantes a los que detener y deportar si no se van por su propia cuenta.

Pero desestabiliza a las familias que pierden empleos y protecciones, a los patronos que pierden empleados, a niños, enfermos, personas de la tercera edad que pierden a sus cuidadores, y a los gobiernos que dejan de recibir millones de dólares en impuestos.

Es la consecuencia de que el oportunismo político y no la sensatez dirija el tema migratorio.

Por José López Zamorano / Para La Red Hispana

La decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para denegar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos no sólo representa una derrota legal para quienes apoyan la causa contra la migración.

Es, sobre todo, una reafirmación de una idea fundamental: en este país, la ciudadanía no depende del capricho del poder político ni del origen migratorio de los padres.

La Decimocuarta Enmienda

Desde hace más de un siglo, la Decimocuarta Enmienda ha sido entendida como una promesa clara: toda persona nacida en suelo estadounidense, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de Estados Unidos.

Esa frase ha sido una de las columnas vertebrales de la identidad constitucional del país. Varios de los padres fundadores eran descendientes de ingleses. Ha protegido a los hijos de inmigrantes europeos, asiáticos, latinoamericanos, africanos y de prácticamente todas las comunidades que han contribuido a construir la nación.

La orden ejecutiva de Trump buscaba romper esa tradición por decreto. Pretendía crear una nueva categoría de niños nacidos en Estados Unidos, pero tratados como extranjeros desde el primer día de vida, simplemente porque sus padres no tenían ciudadanía, residencia permanente o un estatus migratorio aprobado.

Mensaje importante de la Suprema Corte

La Corte, al rechazar esa orden, envía un mensaje importante en un momento de profunda tensión institucional.

El mensaje fue que el presidente tiene amplios poderes en materia migratoria, pero no puede reescribir la Constitución con una firma.

No puede borrar derechos fundamentales mediante una orden ejecutiva. Para la comunidad latina, el fallo tiene un significado especial.

Juan Proaño, presidente de LULAC, quien acudió a escuchar el dictamen de la Corte, se declaró “aliviado” porque lo opuesto hubiera sido impensable.

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Pero el impacto va más allá de los latinos o de los inmigrantes indocumentados.

Expertos creen que si un presidente pudiera limitar la ciudadanía por nacimiento para unos grupos, otro podría intentar hacerlo mañana contra otros.

La ciudadanía dejaría de ser un principio constitucional estable y pasaría a ser una herramienta política, ajustable según el clima electoral.

Eso no significa que el debate migratorio haya terminado. Estados Unidos sigue necesitando una reforma profunda, realista y humana de su sistema migratorio

Pero esa discusión debe darse en el Congreso, con leyes, no mediante atajos ejecutivos que ponen en duda derechos básicos.

La ciudadanía por nacimiento no es un accidente legal. Es una decisión histórica sobre qué tipo de país quiere ser Estados Unidos

Un país donde el lugar de nacimiento abre la puerta a la pertenencia, no donde el gobierno revisa el estatus de los padres antes de reconocer la dignidad de un niño.