Washington.- La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una sanción civil de 129.000 dólares contra la corporación 7-Eleven, Inc., con sede en Irving, Texas, debido a la presunta violación de las regulaciones federales que rigen el traslado de materiales peligrosos.
En un comunicado, detallaron que de acuerdo con las investigaciones de la agencia, los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando la cadena de tiendas de conveniencia entregó un cargamento que contenía cuatro botellas de 32 onzas de ácido sulfúrico concentrado a la empresa de mensajería United Parcel Service (UPS) con el fin de ser transportado por vía aérea.
Destacaron que las leyes aeronáuticas clasifican explícitamente el ácido sulfúrico concentrado como una sustancia de alta peligrosidad que requiere protocolos estrictos de manejo.
De la misma manera, señalaron que el incidente de seguridad se desató cuando el personal de la empresa postal descubrió que el paquete presentaba una fuga del químico corrosivo mientras se encontraba en un centro de distribución de UPS en Corpus Christi, Texas. Como consecuencia directa de esta filtración, una persona resultó lesionada en las instalaciones.
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Irregularidades detectadas en el envío
Por otro lado, la FAA alega que la compañía texana incurrió en múltiples faltas de seguridad durante la preparación del paquete:
- Ausencia de documentación obligatoria: El despacho no estaba acompañado por los manifiestos de transporte de materiales peligrosos exigidos por la ley.
- Deficiencias de empaque y etiquetado: Los insumos químicos no se encontraban correctamente clasificados, descritos, embalados, marcados ni etiquetados para su distribución aérea segura.
- Falta de preparación institucional: 7-Eleven omitió proveer la información obligatoria para la respuesta a emergencias y no garantizó que sus empleados asignados al manejo de mercancías peligrosas contaran con la capacitación adecuada.
Por último, señalaron que a partir de la recepción de la notificación oficial emitida por la FAA, 7-Eleven dispone de un plazo estricto de 30 días para presentar su respuesta formal ante las acusaciones y la penalización económica propuesta por el organismo gubernamental.
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