Managua.- A 83 días de haber iniciado las protestas, el pueblo nicaragüense vive la brutal represión del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Los medios nacionales han informado que Diriamba permanece sitiada luego de una día de represión con el objetivo de remover los tranques (barricadas y bloqueos) en Nicaragua.
Esto se dio horas después de que Daniel Ortega hiciera una breve declaración durante la contra marcha encabezada por motociclistas que gritaban “el comandante se queda”. Según los medios locales, fue entonces cuando fuerzas policiales y paramilitares afines al gobierno de Ortega entraron armados abordo de camionetas Hilux para atacar tres municipios del departamento de Carazo; Diriamba, Jinotepe y Dolores.
Según un informe preliminar, brindado la noche del domingo por Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), nueve personas habían fallecido y más de doscientos fueron secuestradas de manera selectiva.
Por redes sociales, se sabe además que los paramilitares tomaron dos hospitales (en Jinotepe y el privado Harmin), con el objetivo de evitar la atención a los ciudadanos que resultaran heridos, explicó el defensor de Derechos Humanos.
Hasta el momento, las calles de Diriamba, Carazo, se encuentran fuertemente vigiladas por paramilitares, mientras la Policía Nacional desmontó todas las barricadas de ese departamento.
Ortega se niega a dejar el gobierno, pese al estancamiento del “Diálogo Nacional”
Daniel Ortega, descartó durante sus últimas declaraciones adelantar las elecciones presidenciales, como se lo propusieron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; el sector empresarial e incluso su hermano, el general en retiro Humberto Ortega, como parte de una salida negociada para resolver a su favor la crisis que azota el país por más de dos meses.
Sin importar el número de muertos que ha dejado la represión que encabeza, Ortega insistió en acusar de “golpistas” a quienes lo quieren fuera del poder y añadió sobre la propuesta de adelantar las elecciones que “Ya habrá tiempo para las elecciones, todo tiene su tiempo”, durante el acto central de la contra marcha realizada el pasado sábado en la Avenida Bolívar de Managua.
Esta decisión de Ortega, sólo garantiza que continúe la represión contra la población que pide como consigna central su renuncia.
Además, el mandatario responsabilizó a quienes levantaron los tranques de los asesinatos. Según él, es gente pagada “que en su ignorancia destruyen los caminos” y “cometen crímenes de odio”. Resultan ridículas sus declaraciones cuando la propia gente ha documentado por casi dos meses las operaciones paramilitares que él coordina con total impunidad.
Recientemente, Ortega tuvo críticas también para los obispos de la Conferencia Episcopal, que fungen como mediadores y testigos del llamado “Diálogo Nacional” entre el gobierno y algunos grupos de la sociedad civil aglutinados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y el cual se encuentra estancado ante el incumplimiento de Ortega de parar la represión.
Ante este panorama es fundamental fortalecer y extender la movilización en las calles encabezada y dirigida por los miles de trabajadores de Nicaragua. Los trabajadores del campo y la ciudad, son el único sector que con independencia política y sin caer en la trampa que propone la Alianza Cívica y la patronal que representa el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), pueden ganar en las calles y dar una verdadera salida para conquistar el conjunto de demandas de los campesinos, de las mujeres, la juventud y el pueblo pobre nicaragüense que viene resistido de manera valiente frente a todos los atropellos del orteguismo.
