Washington.- La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito permitió que una inmigrante indocumentada, que usó un Número de Seguro Social (SSN, por su sigla en inglés) falso, pueda seguir con su caso de residencia a pesar de tener una orden de deportación.
El fallo sienta un precedente jurídico “pero sólo para indocumentados que se vean afectados por la ley de California”, advirtió el abogado de inmigración Ezequiel Hernández.
La resolución del tribunal, el más grande del país, favorece a la inmigrante indocumentada de origen mexicano Maribel Preciado, de 51 años, quien tramita la residencia legal permanente (green card) desde hace siete años.
Preciado llegó a Estados Unidos en 1990. En 2008 admitió voluntariamente que había utilizado un número de seguridad social falso para trabajar y tener historial crediticio. La confesión resultó en una sentencia suspendida de 120 días en la cárcel.
Cuando la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) se enteró de la sentencia, inició contra Preciado un proceso de deportación.
El dictamen
La Corte dictaminó que, según las leyes de California, el robo de identidad no equivale a un «delito de torpeza moral», lo que permite a la indocumentada batallar contra su deportación.
“No anula el caso”, apuntó Hernández. “Pero puede seguir con el pedido de residencia”.
“El no ser un crimen de torpeza moral ayuda a que se pueda defender pero eso no quiere decir que la defensa tiene ganado su caso”, añadió.
Abogados consultados por Univision Noticias explicaron que el delito de torpeza moral es una falta en la que un individuo actúa de forma inmoral como por ejemplo un robo, un asesinato o una violación, y provoca lesiones a otras personas.
“Son delitos en donde la persona tiene la intención de hacerle daño a otro”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “En este caso la corte dijo que no era un delito de torpeza moral el uso de un Número de Seguro Social”.
Pero advirtió que el dictamen, si bien sienta un precedente, “cada caso se debe mirar bajo sus propios hechos”, y recomendó que los indocumentados que estimen verse favorecidos y tienen un problema de este tipo, antes de solicitar un beneficio migratorio “consulten con un abogado”.
Velásquez advirtió además que en el estado de Arizona, “por este delito (el uso de un Número de Seguro Social falso) lo meten a la cárcel y lo deportan”.
Larga batalla legal
Preciado lleva siete años tratando de evitar ser deportada de Estados Unidos. En 2010 gestionó sin resultado una cancelación de deportación. De haberlo conseguido ya tendría la residencia legal permanente.
El juez del caso negó el pedido porque Preciado no pudo demostrar un bien carácter moral, como prescribe la ley de inmigración vigente.
Pero esta vez, a pesar que la fiscalía argumentó que el robo de identidad es necesariamente un acto de fraude, la defensa de Preciado demostró que no existió fraude explícito o la intención de cometerlo, y los jueces entonces fallaron de forma unánime a su favor.
Sin embargo, los abogados reiteran que el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito no libera totalmente de culpas a quienes han utilizado o están usando números de Seguro Social de otras personas.
“Toda aquella persona que ha utilizado un Número de Seguro Social falso para trabajar, desafortunadamente está cometiendo una falta bajo las leyes federales y estatales porque esta trabajando con una identidad que no le pertenece”, dijo la abogada Jessica Domínguez.
No actúe solo
Domínguez dijo además que si una persona “lo ha hecho por muchos años, como muchas personas que se ven en la necesidad de hacerlo (usar un Número de Seguro Social falso), es importante que, antes de tramitar su residencia legal o cualquier otro beneficio migratorio, consulte con un experto bajo las leyes de inmigración y las leyes estatales de su estado para determinar cómo esta información puede afectar su caso”.
Añadió que, antes de dar un paso, primero determine cuál es la información exacta que se debe registrar y conozca cuáles serían las consecuencias”.
“No se meta en el ojo del huracán” a ciegas, previno.
El caso Preciado regresará a la corte de inmigración en busca de un fallo favorable que le permita obtener, finalmente, la residencia legal permanente en Estados Unidos.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito tiene jurisdicción en los estados de California, Nevada, Arizona, Oregón, Washington y Montana.
Hernández dijo que en otras jurisdicciones, excepto California, “los abogados tendrán que retar sus propias leyes para clasificar el uso del Número de Seguro Social como un crimen que no es de torpeza moral”.
En noviembre del 2013 la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés) dijo que a partir de esa fecha ordenó el bloqueo de todos los números de Seguro Social que parezcan haber sido utilizados fraudulentamente.
Agregó que la decisión permite detectar y prevenir el potencial uso fraudulento de números de Seguro Social para obtener una autorización de empleo.
El bloqueo se activa cuando un empleador entra a la base de datos, conocida como E-Verify, para verificar el estatus de un trabajador. En caso de no confirmación, el número es desactivado del sistema inmediatamente. Para activarlo, el empleador debe confirmar la identidad del trabajador.
