Washington.- La administración de Joe Biden confirmó las condiciones de “abuso persistente” por parte del personal penitenciario del Centro de Detención del condado de Baker (BCDC), en el extremo noroeste de Florida.

La información se conoció en una nota enviada a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en la que indicaron que se detectaron durante una investigación en el polémico centro de detención.

ACLU a través de un comunicado indicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó “patrones constantes de abuso verbal, discriminación racial, represalias y acoso”. A los detenidos por parte del personal de las instalaciones penitenciarias.

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Según esta organización que vela por las libertades y derechos individuales, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del DHS reconoce que a lo largo de sus investigaciones ha encontrado hallazgos preocupantes respecto de “la salud y el bienestar de las personas detenidas” en Baker.

Han denunciado la problemática por años

Es de recordar que la CRCL indicó en un informe de octubre de 2022 que “las nuevas acusaciones” mostraban patrones consistentes identificadas anteriormente: abuso verbal y emocional por parte del personal de la instalación. Además de “discriminación racial, importantes problemas de acceso al idioma y barreras continuas para acceso legal”.

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Las quejas sobre supuesto maltrato y abuso contra los detenidos en este centro de detención se han ido acumulando en los últimos años. Hasta el punto que en noviembre de 2023 un grupo de migrantes indocumentados inició una huelga de hambre.

La ACLU de Florida había presentado en 2023 una solicitud al DHS para obtener información sobre los resultados de sus investigaciones del centro de detención citado, aunque esta organización era consciente “desde hace mucho tiempo de que las personas sufrían allí (en Baker) una amplia gama de abusos”.

Reporte de la @ACLU documenta la "práctica inhumana del gobierno de EEUU de confiscar los bienes personales más esenciales y preciados de los migrantes al cruzar la frontera sur".

Medicina, documentos, items religiosos, objetos sentimentales y más.https://t.co/gsJ2MkCwES

— David Mauricio Castrillon Kerrigan 孔天威 (@Fortencrantz) February 26, 2024

🚨 ÚLTIMA HORA: La Coalición #ShutDownBaker ha enviado una carta a la administración de Biden pidiendo el cierre del Centro de Detención del Condado de Baker en Florida y la liberación de todas las personas detenidas en las instalaciones.https://t.co/dSHcguosEw

— Maria asuncion (@Mariabil) February 6, 2023

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Washington.- La Corte Suprema bloqueó temporalmente el lunes 4 de marzo la entrada en vigor de una polémica ley de Texas.

El mencionado estatuto permite a las autoridades policiales detener y expulsar a migrantes de los cuales sospechen que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos. Y que debía entrar en vigencia el próximo domingo.

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La medida se da por una solicitud de emergencia

La orden emitida por el juez conservador Samuel Alito se da en respuesta a una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno del presidente Joe Biden. La ley, aprobada el año pasado por la Legislatura de Texas, es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia estadounidense.

Es de recordar, que en días pasado un magistrado federal de Texas ya había aplazado la entrada en vigor de la medida tras una demanda de varias organizaciones y el condado de El Paso (Texas). Que alegan que la ley es inconstitucional porque las autoridades locales no tienen jurisdicción para tomar medidas en materia migratoria propias del gobierno federal.

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Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito echó abajo la decisión del magistrado llevando la batalla legal hasta la última instancia.

Por otro lado, la ley (SB 88-4) convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite a la Justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

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