WASHINGTON — El sindicato de jueces de Inmigración presentó este miércoles una queja contra el fiscal general Jeff Sessions, a quien acusa de violar el debido proceso y tener “bajo acecho” su independencia jurídica en ciertos casos para acelerar las deportaciones.
“La independencia en la toma de decisiones de los jueces de inmigración está bajo acecho. Si se permite que continúe, la Agencia (Departamento de Justicia) simplemente podrá llevar sus casos a foros en los que consiga los resultados que desee”, advirtió Ashley Tabbador, una abogada de Los Angeles (California) y presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, en inglés).
La NAIJ, que aglutina a unos 350 jueces del sistema de tribunales de Inmigración en todo EEUU, presentó la queja en protesta por la decisión del Departamento de Justicia de quitar a un juez de Filadelfia, Steven A. Morley, de decenas de casos pendientes.
El gremio también pidió en su queja que la Oficina Ejecutiva para Revisión Migratoria (EOIR, por su sigla en inglés), de la que dependen estos tribunales, no asigne o reasigne casos de tal forma que interfiera con la autoridad de los jueces.
Según el documento, las medidas tomadas contra Morley, un juez respetado por su conocida imparcialidad, no solo minaron su independencia jurídica y la gestión de sus casos, sino que “amenazan la capacidad de todos los jueces de inmigración en todo el país de aplicar con justicia las leyes de inmigración de Estados Unidos conforma a los derechos al debido proceso”.
En enero pasado, Sessions intervino personalmente en el caso conocido como “Asunto de Castro Tum”, un indígena guatelmateco, y posteriormente lo reasignó a una jueza que viajó desde Virginia a Filadelfia para presidir una sola audiencia en el caso.
Reynaldo Castro Trum había entrado ilegalmente en EEUU en 2014 a los 17 años de edad, pero fue detenido por la Patrulla Fronteriza y enviado a un albergue para menores no acompañados a cargo del Departamento de Salud.
El joven fue puesto en libertad y entregado a un familiar, pero falló a su cita en la corte en múltiples ocasiones. El juez Morley cerró el caso y exigió que el gobierno demostrara que efectivamente Castro Tum vivía en el domicilio registrado en los documentos.
A finales de mayo pasado, el abogado Matthew Archambeault intervino en el caso como “amigo de la corte” para ayudar a Castro Tum y pidió al tribunal más tiempo para localizarlo, y Morley aprobó la moción, pero aparentemente el joven falló a su siguiente cita.
El pasado 26 de julio, la jueza designada por Sessions, Deepali Nadkarni, presidió una audiencia preliminar en la que ordenó la deportación de Castro Tum, cuyo paradero se desconoce.
Al parecer, Sessions no estaba a gusto con la gestión de Morley en la resolución del caso de Castro Trum y quería que se agilizara la deportación del joven, quien había solicitado asilo.
Pero el Departamento de Justicia fue más allá y eliminó a Morley de una decena de casos adicionales , después de que el juez cuestionara la fiabilidad de direcciones que el gobierno entregó al tribunal en nombre de varios jóvenes, incluyendo el caso de Castro-Tum, según NAIJ.
En su momento, el Departamento de Justicia dijo que desde 2012 los jueces de inmigración recurrieron cada vez más a la práctica de “cierre administrativo” de los casos, suspendiéndolos indefinidamente en vez de emitir un dictamen final.
