Washington.- El fiscal general de Washington se unió a la lluvia de demandas contra el gobierno del presidente Donald Trump tras la orden ejecutiva que firmó el pasado viernes que suspende el ingreso al país de ciudadanos de siete países con poblaciones de mayoría musulmana, así como de refugiados.
El alto funcionario, Bob Ferguson, dio a conocer su intención de demandar al gobierno federal y se trata del décimo sexto fiscal que emite un comunicado calificando el decreto de Trump como «ilegal y antiestadounidense».
También este lunes el Consejo de Relaciones Estadounidenses e Islámicas (CAIR por sus siglas en inglés) anunció una iniciativa similar contra la orden ejecutiva de Trump que específicamente prohíbe la entrada de ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Somalia, Yemen, Libia y Sudán por 90 días.
Miles de personas protestaron este fin de semana en distintas ciudades y aeropuertos del país condenando la nueva política que ha provocado que decenas de personas provenientes de esos países con visas o permisos de residencia, así como refugiados con los documentos requeridos, hayan sido detenidos en los puntos de inmigración para luego ser arrestados o deportados inmediatamente en vuelos posteriores.
También ha generado que muchos ciudadanos con documentos en regla de las nacionalidades afectadas no hayan podido abordar aviones en sus lugares de origen.
En algunos casos, la intervención de abogados logró que las personas retenidas fuesen liberadas.
La demanda específica de CAIR se refiere a 20 casos de ciudadanos afectados con la «prohibición de musulmanes».
«No hay evidencia de que los refugiados -los más examinados de todas las personas que ingresan a nuestra nación- son una amenaza para la seguridad nacional», dijo la directora de litigantes de CAIR, Lena F. Masri. «Es una orden que está basada en fanatismo, no en la realidad».
«Nuestra primera enmienda está bajo ataque»
«Nuestra primera enmienda está bajo ataque. Nosotros, como abogados, somos soldados de la Constitución de Estados Unidos y prestamos juramento para proteger a todos de ser blanco del gobierno debido a su fe», dijo por su parte el abogado Shereef Akeel, quien además ha prestado asesoría en la demanda.
En medio de las medidas judiciales contra el gobierno federal, la jueza Ann M. Connelly emitió un amparo el pasado sábado deteniendo los procesos de deportación, aunque la Casa Blanca insistió que la decisión judicial no cambia el sentido de la orden ejecutiva que afecta a refugiados y ciudadanos de los siete países citados.
Esta medida de la jueza federal en Brooklyn fue consecuencia de otra demanda presentada ese mismo día por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), en representación de dos iraquíes a los que se le negó el ingreso, pese a que tenían su documentación en regla. Uno de ellos, Hameed Khalid Darweesh, trabajó como ingeniero eléctrico para el gobierno de EEUU en Irak entre 2003 y 2010.
Según funcionarios del Pentágono que trabajaron para el gobierno de Barack Obama, Darweesh sirvió en muchas ocasiones como intérprete en operaciones de combate, resguardando la seguridad de soldados estadounidenses.
Además de estas acciones legales contra el gobierno presentadas por organizaciones no gubernamentales, muchos de los ciudadanos que han sido retenidos en aeropuertos del país están presentando demandas independientes, con lo que la acción ejecutiva de Trump se convierte en una de las más desafiadas legalmente por la comunidad legal de EEUU en la historia reciente.
El presidente de EEUU tiene la autoridad para actuar en temas migratorios. La Constitución le da al Congreso autoridad para otorgarle al presidente poder expreso para emitir órdenes ejecutivas como la del viernes pasado. La sección 1182 del título 8 da la potestad al presidente para -por «proclamación»- suspender el ingreso de»todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros».
