Ciudad de México.- El canciller Luis Videgaray anunció una de las medidas para defender a los mexicanos que enfrenten procesos de deportación en Estados Unidos: el gobierno de este país destinó un monto adicional de 50 millones de dólares para emprender diversas acciones, entre las que se encuentra la contratación de abogados y la divulgación de información para “promover el respeto a los derechos de los connacionales”.
Durante una comparecencia en el Senado mexicano, el canciller detalló que el presupuesto complementará los 62 millones de dólares que ya se habían destinado a los 50 consulados de EEUU para fortalecer la Red de Asistencia Consular y asegurarán actividades como asesoría legal, difusión de información y contratación de despachos de abogados.
Aunque durante su discurso no detalló en qué casos los mexicanos podrán pedir asistencia legal a las oficinas del consulado, en la sección consular de la embajada de México en Estados Unidos se detalla que el gobierno mexicano tiene la obligación de brindar apoyo en materia migratoria, penal, administrativa, laboral familiar y de derechos humanos.
En la Guía de Procedimientos de Protección Consular se especifican los programas por medio de los cuales los mexicanos en Estados Unidos pueden acceder a asistencia legal ante un conflicto migratorio:
Brinda asistencia, ya sea orientación o representación a mexicanos que enfrentan procesos legales en Estados Unidos. El programa está abierto a cualquiera que solicite los servicios de los abogados que se encuentren dentro del programa de asesorías.
Casos de violación a derechos humanos, procesos penales que supongan defensoría deficiente, violaciones a derechos laborales en casos individuales, sustracción de menores y violencia doméstica, juicios migratorios en los que la defensoría suponga la regularización migratoria del connacional.
Sin embargo, en este programa los consulados no cubren los gastos del proceso legal fuera de los montos establecidos por el programa, que son de un máximo de 1,000 dólares. Además, se detalla que la contratación de un representante legal, incluidos abogados consultores y del PALE, constituye un convenio entre particulares, ajeno al consulado.
En migración se enfoca en casos de alto perfil y demandas colectivas en casos de violaciones a los derechos de mexicanos, como agresiones, abusos o actos de discriminación de parte de autoridades migratorias. Así como juicios que puedan modificar prácticas administrativas o generar jurisprudencia en beneficio de la población migrante mexicana.
Para solicitar este tipo de asistencia, se realiza a través de los consulados y será el bufete jurídico responsable de la operación del programa el que aprobará o denegará su inclusión.
Los gastos de las acciones y gestiones de los abogados serán cubiertos por los recursos del programa.
