WASHINGTON— En lo que sugiere una guerra ideológica dentro de la agencia, un portavoz de la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) renunció a su puesto en San Francisco alegando una serie de “mentiras” sobre las redadas del director interino, Tom Homan, del fiscal general, Jeff Sessions, y otros funcionarios de alto rango en la Administración Trump.
James Schwab presentó recientemente su renuncia como portavoz de ICE en San Francisco y dijo anoche a la prensa que lo hizo porque Homan y Sessions mintieron al declarar que centenares de extranjeros criminales evadieron arresto el mes pasado por culpa de la alerta de redadas que emitió la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf.
Schwab afirmó que no era cierto que “centenares” de inmigrantes estaban en la mira de una redada de ICE el pasado 25 de febrero en el norte de California, ni que “100% son criminales peligrosos en las calles”.
Schwab dijo que cuando protestó la “fabricación de los hechos” para atacar a Schaaf, sus jefes le ordenaron que “evadiera” preguntas de los periodistas, o que repitiera declaraciones ya hechas por Homan.
“Renuncié porque no quería perpetuar hechos falsos. Les pedí que cambiaran la información, les dije que esa información estaba equivocada, pero ellos me pidieron que evadiera (preguntas), y no estuve de acuerdo. Tomé un tiempo y renuncié”, explicó Schwab al diario San Francisco Chronicle, el primero en revelar la noticia.
En declaraciones a la cadena CNN, Schwab, que tiene una larga carrera de servicio público como portavoz gubernamental, incluyendo en ICE desde 2015, explicó que “ya no podía con la carga de continuar como portavoz de ICE con integridad, sabiendo que esa información era falsa”.
La noticia de su renuncia se produjo a solo horas de que el presidente Donald Trump realice su primera visita a California, donde visitará prototipos de su prometido muro fronterizo, se reunirá con miembros del Ejército, y participará en un acto de recaudación de fondos para candidatos republicanos.
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Consultados por este diario, ni ICE ni el Departamento de Justicia han hecho comentarios sobre la renuncia de Schwab ni sobre su denuncia de una presunta campaña de mentiras de la Administración para sustentar su guerra contra la población indocumentada.
Homan y un funcionario de alto rango de la Administración, que pidió el anonimato, dijeron anoche en una conferencia telefónica con periodistas, organizada por la Casa Blanca, que los políticos de California que respaldan las ciudades “santuario” están poniendo en peligro la seguridad nacional y seguridad pública.
La alcaldesa Schaaf ha sido objeto de ataques por parte de Trump, Homan y Sessions, quienes han dicho que ésta ha puesto en riesgo la seguridad comunitaria porque la redada de ICE el mes pasado, en vez de “pescar” a todos los inmigrantes indocumentados en su mira, sólo logró 232 detenidos.
Homan en concreto había emitido un comunicado en el que sugirió que, por culpa de la “decisión irresponsable” de Schaaf, “864 criminales extranjeros y amenazas a la seguridad pública permanecen libres en la comunidad”.
Trump dijo recientemente que “cerca de mil” personas hubiesen sido arrestadas si no fuera por la “deshonrosa” actitud de Schaaf, mientras que Sessions acusó a la alcaldesa de promover una “agenda radical de fronteras abiertas”.
Según datos de ICE, de los 232 arrestos, 115 tenían delitos de menor cuantía en sus expedientes penales, lo que resta credibilidad a su argumento de que la agencia solo persigue a “peligrosos criminales”.
Numerosos arrestos sin antecedentes
Las afirmaciones de Schwab sugieren lo que muchos activistas sospechan: una guerra publicitaria de ICE para justificar los excesos de sus agentes y sus operaciones de arresto y deportaciones.
La alcaldesa de Oakland elogió en un comunicado la decisión de Schwab de renunciar a su cargo porque, según dijo, es importante para una democracia que los funcionarios públicos actúen con entereza y transparencia.
Las autoridades federales llevan desde enero del año pasado atacando la política “santuario” de California y otros estados, incluso amenazando con suprimir ciertos fondos policiales para esas jurisdicciones.
La Administración entabló una demanda la semana pasada contra California con el fin de anular tres leyes estatales promulgadas en 2017 por el gobernador demócrata, Jerry Brown, que restringen la cooperación de las autoridades locales con agentes de ICE.
El gobierno también criticó esta semana la solicitud del fiscal general de California, Xavier Becerra, de trasladar el caso de un tribunal de Sacramento a uno en San Francisco.
