Ciudad de México.- Los abogados de Elvira Santibáñez, la mujer que aparece en un video siendo torturada por dos militares y un policía federal en México, solicitaron su inmediata libertad argumentando que las pruebas con las que fue acusada de pertenecer al cártel de La Familia Michoacana fueron obtenidas bajo tormento físico.
De acuerdo con declaraciones del Poder Judicial federal al diario mexicano La Jornada, Santibañez se encuentra protegida por el artículo 20 constitucional para no ser acusada mediante pruebas ilícitamente obtenidas mediante vejaciones y tratos crueles.
El día de ayer, el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, dijo que tres elementos de la institución fueron suspendidos tras la difusión del video, dos hombres y una mujer.
Durante el inicio del programa Nacional de Capacitación de Derechos Humanos, el comisionado señaló que la institución no permitirá que se cometan violaciones.
La joven de 22 años, originaria del estado de Guerrero se encuentra presa en un penal de Tepic, Nayarit, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada.
En el video difundido por diversos medios mexicanos, se ve a por lo menos dos militares tirando del cabello, apuntando con un rifle de asalto y apretando una bolsa plástica en la cabeza de Santibáñez.
Las imágenes fueron grabadas el 4 de febrero de 2015 en el estado de Guerrero. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) supo del hecho el pasado 10 de diciembre, precisó en un comunicado.
México investiga a más de mil militares por delitos contra civiles
De acuerdo con cifras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio al diario Milenio, las autoridades mexicanas han canalizado al menos 558 casos de tortura, desaparición forzada y homicidio de militares contra civiles entre 2006 y 2015.
En entrevista con el general de brigada Jesús Gabriel López Benítez dijo que la Sedena ha puesto a disposición de las autoridades a 1,273 militares para que sean juzgados por delitos contra civiles. De esa cifra, la Procuraduría General de la República (PGR) ha emitido 310 órdenes de aprehensión contra miembros de las fuerzas armadas.
En México era frecuente hace años que cuando los detenidos eran presentados a la prensa aparecieran con moretones o señales de haber sido amedrentados físicamente durante su declaración.
Ante las denuncias de organizaciones de derechos humanos, desde 2013 el Gobierno decidió suprimir esas presentaciones formales a los periodistas.
Según Amnistía Internacional, entre 2013 y 2014 aumentaron en más del doble las denuncias de tortura en México, al pasar de 1,165 a 2,403.
