San Diego, CA.- Abogados que representan a organizaciones civiles participaron este martes en una audiencia en la que el público denunció que el alguacil del condado de San Diego, William Gore, ha colaborado en unas 200 detenciones de migrantes, pese a leyes estatales que le impiden ayudar a autoridades federales de inmigración.
Así lo aseguró el activista Pedro Ríos, “El alguacil de San Diego no entrega directamente la información de detenidos a agentes de migración. Es decir que no viola directamente las leyes de California. Sino que deja a la vista de los oficiales del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) esa información en detalle para que hagan las detenciones”.
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Ríos, director del American Friends Service Committee, dijo que el cálculo que tienen las organizaciones civiles es de 200 detenidos desde que empezó el año fiscal 2020 a la fecha, es decir desde octubre de 2019.
El condado de San Diego, por medio del su alguacil, estaría siendo cómplice de separaciones y deportaciones
La audiencia en el edificio de gobierno del condado se llevó a cabo con base en la Ley de la Confianza estatal. La misma que hace que el alguacil rinda cuentas al público por lo menos una vez cada año sobre su desempeño y no colaboración con agencias de inmigración.
Watch Commander: @SDSOFallbrook update on the missing person in Fallbrook. Maria has been found safe and sound. Thank you to the media and public for the assistance
— San Diego Sheriff (@SDSheriff) November 16, 2021
La ley estatal SB54 prohíbe a empleados públicos de cualquier nivel colaborar con autoridades federales de inmigración. Una legislación por la que a California se le conoce como “estado santuario”.
El Centro para Contrarrestar la Trata de Personas (CCHT, por sus siglas en inglés) es un centro policial dedicado a ofrecer una respuesta de todo el gobierno contra la #tratadepersonas y la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Aprenda más: https://t.co/tzWxLfoB4G pic.twitter.com/tg8Tw0TIzk
— ICE en Español (@ICEespanol) November 16, 2021
En la audiencia de esta noche participaron los abogados Dulce García, presidenta del Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes de San Diego. Monika Langarica, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). María Chávez, presidenta de la Asociación de Abogados de La Raza, e Ian Seruelo, abogado de la Alianza Laboral Asia Pacífico Americana.
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Por su parte, la abogada García expresó, “mientras continúe esa colaboración del alguacil con agencias del DHS (Departamento de Seguridad Nacional). El Condado de San Diego seguirá siendo cómplice de la separación de familias y la deportaciؚón de los miembros de nuestra comunidad”.
Finalmente, en un comunicado, esos abogados, aseveraron que “el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego continúa permitiendo que se comparta información con el ICE”.
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