Inician procesos de desnaturalización contra 12 criminales internacionales

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Justicia (DOJ) anunciaron sobre las demandas de desnaturalización contra 12 personas acusados de delitos graves.

En un comunicado de UCSIS indicaron que los señalados habrían obtenido la ciudadanía estadounidense mediante el ocultamiento de hechos materiales y representaciones falsas sobre su pasado criminal. Entre los casos más destacados se encuentran personas vinculadas a grupos terroristas, crímenes de guerra y abusos sexuales contra menores.

Detallaron que uno de los casos más impactantes es el de Victor Manuel Rocha, ciudadano de origen colombiano y exfuncionario, quien admitió haber servido como agente no registrado de la República de Cuba desde 1973. Asimismo, el DOJ busca revocar la ciudadanía de Ali Yousif Ahmed Al-Nouri, acusado de ser un líder de Al-Qaida en Irak implicado en el asesinato premeditado de dos oficiales de policía.

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Detallan otros detenidos

De la misma manera, señalaron que la lista de procesados incluye también a Baboucarr Mboob, exoficial del ejército de Gambia, quien admitió ante una comisión de la verdad haber participado en la ejecución de seis compañeros militares en 1994. Mboob ocultó su participación en crímenes de guerra al ingresar a EE. UU. en 2002. Por otro lado, el DOJ presentó cargos contra Oscar Alberto Pelaez, un exsacerdote que ocultó condenas por abuso sexual múltiple contra un menor de edad durante su proceso migratorio y de ciudadanía.

Acotaron que la ofensiva legal también abarca delitos financieros y fraude de identidad, como el caso de Debashis Ghosh, quien defraudó a inversionistas por $2.5 millones de dólares mientras juraba buena conducta moral. Otros individuos, como Abduvosit Razikov y George Ofuan Oyakhire, enfrentan la pérdida de su nacionalidad tras detectarse que operaron bajo identidades falsas y matrimonios por conveniencia para engañar a las autoridades migratorias.

En este sentido, indicaron que estas acciones legales se han radicado en diversos distritos federales de Arizona, Florida, California y Minnesota.

Por último, reiteraron que bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cualquier certificado de naturalización puede ser cancelado si se demuestra que fue procurado ilegalmente o bajo engaño.

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