La Habana.- La organización Prisoners Defenders informó que, al cierre de marzo de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba ascendió a 1.092 personas.
En un comunicado detallaron que hasta la fecha, se confirmaron 31 nuevos casos, de los cuales 24 están directamente vinculados a las manifestaciones pacíficas que sacudieron el oriente del país. Esta cifra se suma al legado represivo de las protestas de julio de 2021 (11J), que aún mantiene a más de 800 manifestantes cumpliendo condenas, evidenciando una estrategia estatal de castigo «ejemplarizante» contra el ejercicio de la libertad de expresión.
De la misma manera, explicaron que las protestas de marzo, concentradas principalmente en Santiago de Cuba y Holguín, surgieron por la escasez de alimentos y los prolongados cortes eléctricos. A pesar de la naturaleza pacífica de los reclamos, reconocida incluso por la primera secretaria del Partido Comunista en Santiago, Beatriz Johnson Urrutia, quien afirmó que «no hubo ninguna muestra de agresividad» contra las autoridades, el régimen respondió con arrestos masivos.
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Alertan nueva oleada de detenidos en marzo
Por otro lado, señalaron que de los nuevos prisioneros, 11 fueron detenidos entre el 8 y el 16 de marzo, mientras que los 13 restantes corresponden a las jornadas del 17 y 18 de marzo, bajo consignas como «Patria y Vida» y «¡Corriente y comida!».
El reporte denuncia además graves episodios de tortura y violencia física dentro del sistema penitenciario. Se documentaron golpizas brutales contra figuras como Ibrahim Domínguez Aguilar en la Prisión Boniato y Reynier Reinosa Cabrera en la Prisión 1580, ambos convictos del 11J. Prisoners Defenders identificó 15 patrones de tortura sistemática en las cárceles cubanas, que incluyen la negación de atención médica, sometimiento a posturas inhumanas y amenazas contra seres queridos, afectando incluso a colectivos vulnerables como menores de edad y mujeres.
Alertaron también que actualmente, la lista incluye a 30 menores de edad, de los cuales 28 cumplen sentencia y 2 enfrentan procesos penales. Asimismo, 119 mujeres permanecen condenadas por motivos políticos, incluyendo personas de la comunidad trans que son recluidas en prisiones masculinas en condiciones de extrema vulnerabilidad. La severidad de las penas es notable: 225 manifestantes han sido acusados de sedición, con sentencias que promedian los 10 años de privación de libertad, una medida que busca sofocar cualquier intento de disidencia ciudadana.
Por último, alertaron sobre la existencia de más de 11.000 civiles, mayoritariamente jóvenes afrocubanos, que sufren condenas bajo la figura de «peligrosidad social pre-delictiva». Ante esta crisis humanitaria, Prisoners Defenders hace un llamado urgente a la comunidad diplomática internacional para abandonar la «hipocresía» y actuar con firmeza frente a crímenes de lesa humanidad que persisten tras 65 años de sistema totalitario.
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