San Salvador – El Salvador. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) aprobó este jueves la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes, quien es investigado por el presunto desvío de fondos durante su mandato (2009 – 2014).
El expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, está siendo investigado por el supuesto desvío de 351 millones de dólares del Estado, durante su gobierno, a una red de corrupción. La Corte Suprema de Justicia salvadoreña, aprobó una solicitud para extraditar al acusado desde Nicaragua a su país de origen.
La corte conformada por 15 magistrados votaron a favor de la petición de extradición emitida por un juzgado de San Salvador en septiembre en 2018.
Funes compartió en su cuenta de Twitter que: “La Resolución de la CSJ sobre mi extradición, aunque irrelevante, porque quien decide es el gobierno de Nicaragua, viola mi derecho a la defensa. ¿Cómo pueden tomar una decisión sin tener presentes mis argumentos y las razones por las que considero que soy objeto de persecución?”.
En la investigación, la Corte acusa a la pareja del expresidente, Ada Mitchell Guzmán y a sus hijos, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, de estar involucrados en los actos delictivos, todos están solicitados por lavado de dinero y de activos. Los solicitados por la justicia, se encuentran en Nicaragua, donde recibieron asilo político del presidente Daniel Ortega, vale acotar que la petición de asilo se hizo, cuando aún no se había emitido orden de captura.
La Fiscalía General informó a través de un comunicado, que la aprobación de la Corte “reafirma el proceso de investigación que sigue en contra del exmandatario, y espera que a la brevedad haya acuerdos con el gobierno nicaragüense para su entrega a las autoridades salvadoreñas”.
Funes está solicitado por la justicia salvadoreña por lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y su supuesta participación de un desvío de 108,5 millones de dólares a una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica y por revelar información confidencial, a través de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que revela el desvío de diez millones de dólares, que otorgó Taiwán al exmandatario Francisco Flores, tras los terremotos de 2001.
