Tegucigalpa.- Las autoridades hondureñas emprendieron una novedosa estrategia contra la Mara Salvatrucha (MS-13) decomisando los negocios a sus líderes, quienes amasan fortunas y residen en opulentas residencias a punta de extorsiones a comerciantes y transportistas.
Como resultado de una operación denominada Avalancha, las autoridades bloquearon 137 cuentas bancarias a integrantes de la organización y se incautaron de una decena de viviendas, un pequeño hospital en la ciudad de San Pedro Sula y 188 vehículos, detalló el jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía, Ricardo Castro.
En total, 12 líderes y colaboradores de la agrupación fueron arrestados por la Policía, entre ellos el alcalde de la ciudad de Talanga, ubicada 50 kilómetros al este de la capital, Jorge Neftaly Romero, y el exsuboficial de la Policía Ernesto García.
Cambio de plan. En el curso de las investigaciones “detectamos que la MS-13 no estaba siendo abordada y se adoptó una estrategia diferente, atacando sus recursos económicos”, explicó el fiscal Óscar Chinchilla.
Los esfuerzos de las autoridades, agregó, estaban más concentrados en capturar a los jóvenes de la Pandilla 18 (rival de la MS-13) que se mueven por los barrios y terminales de transporte público de las principales ciudades cobrando extorsiones.
La operación iniciada el 23 de febrero y sin plazo de conclusión ha permitido en sus primeras semanas de operación la incautación de $9 millones entre propiedades, vehículos y cuentas bancarias, según la Policía.
“Por fin el Gobierno encontró una fórmula para el control del delito y desmontar las estructuras de las maras y pandillas”, manifestó ala AFP la criminóloga Arabeska Sánchez.
“Por primera vez se sabe dónde está el dinero de las extorsiones y parece un operativo exitoso”, apuntó la especialista.
El dirigente del transporte público Jorge Lanza consideró que “cualquier medida que se tome con esta triste situación, bienvenida sea, con tal de que sea sostenida”.
“Esa operación Avalancha tiene que ser permanente, no de una semana o 15 días”, dijo el empresario, quien se queja de que el apoyo de la Policía y los militares al transporte es ocasional.
El método de extorsión de la pandilla es exigir a los comerciantes, generalmente empresarios del transporte, un pago por un valor determinado o una cuota semanal, y si no lo pagan toman represalias como incendiar un bus o asesinar a un empleado.
Lanza estimó que más de 80 personas murieron en el 2015 en asaltos a buses del transporte público o porque los propietarios se rehusaron a pagar el «impuesto de guerra» , unos $45 semanales por cada bus.
Indicó que en algunos casos reciben cobros de hasta cinco agrupaciones diferentes, incluyendo la 18 y la MS-13.
El dirigente advirtió que se tiene que atacar el problema de las extorsiones de raíz, identificando a quienes finalmente les llega el dinero, y no solo a los cobradores “que son a los que han estado capturando”.
Según estadísticas de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), en el 2015 fueron detenidos 669 jóvenes mientras cobraban el “impuesto de guerra”. En total, dicho año, esa unidad policial recibió 980 denuncias y dio asesoría a 4.090 personas que eran extorsionadas.
Con un promedio de 51,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2014, El Salvador, Guatemala y Honduras optaron por militarizar la seguridad pública para enfrentar a los pandilleros.
