Ciuad de Guatemala.- La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) expresó el día de ayer su preocupación por la seguridad de dos exmiembros de una red de defraudación al fisco guatemalteco, cuyo descubrimiento condujo a la renuncia y excarcelación del entonces mandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
La Cicig, entidad adscrita a Naciones Unidas, pidió mayor protección para el empresario preso Salvador González, quien incriminó a Otto Pérez en la defraudación a las aduanas.
El otro implicado es Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, quien acudió el miércoles a una cita a los tribunales y apareció vestido con chaleco y casco antibalas, y rodeado de decenas de policías fuertemente armados.
Luis Fernando Orozco, abogado de la Cicig, pidió al juez Miguel Ángel Gálvez que ordene redoblar la seguridad del detenido, a lo cual accedió.
Por su parte, el titular de la Cicig, Iván Velázquez, dijo en su cuenta en Twitter que “es deber de las autoridades de Guatemala proteger la vida de Salvador Estuardo González (conocido como Eco), notoriamente en peligro por su colaboración”.
González reiteró el martes frente a un juez, como lo había hecho en setiembre durante su primera declaración, que Pérez y Baldetti recibían 50% de las ganancias ilícitas de una red denominada La Línea, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros.
Eco busca en una audiencia de anticipo de prueba que el juez Gálvez formalice su colaboración como testigo protegido de la Fiscalía para optar por una pena menor de cárcel, debido a que también se encuentra en prisión señalado como uno de los principales operadores de la trama.
Monzón también pretende ser colaborador de la Fiscalía para testificar sobre el dinero entregado a Baldetti y Pérez Molina, producto de sobornos y de la defraudación al fisco. En la audiencia del miércoles, Monzón manifestó que lo que cuenta González es verdad y que él tiene “otra parte de la historia”.
González tenía que declarar el lunes, pero recursos de la defensa de los exgobernantes frenaron su intervención. Sin embargo, ante la prensa denunció amenazas del expresidente Pérez, que llevaron a su familia a abandonar el país.
El martes y miércoles dio más detalles de la operación ilícita y respondió las interrogantes del fiscal Juan Francisco Sandoval sobre documentos confiscados, donde se llevaba el control de la distribución de los pagos, entre otros detalles. La sesión continuará la mañana de hoy jueves.
El empresario se encuentra en prisión desde el 16 de abril del 2015, cuando la Fiscalía y la Cicig revelaron la existencia de la red.
Pérez y Baldetti también guardan prisión preventiva a la espera de que el mismo juez decida si deben enfrentar juicio.
La Fiscalía aún no ha determinado el monto total de lo defraudado al Estado, pero ha dicho que podrían ser millones de dólares. En la acusación se informa de que Baldetti y Pérez Molina habrían recibido unos $3,6 millones, producto de los sobornos.
La Línea era una red en la cual participaban empleados y funcionarios públicos, particulares y empresarios, que fraguaron un fraude millonario al fisco.
