Washington – EEUU.- Un grupo de abogados solicitó a la jueza federal de distrito, Dolly Gee, que impida la implementación de las políticas que prepara la Administración Trump, con el objetivo de contener parte de la crisis que se ha generado en la frontera sur de Estados Unidos, a raíz de la masiva llegada de inmigrantes centroamericanos y caribeños.
Concretamente, los juristas han pedido que, mediante un fallo, se dejen sin efecto las regulaciones que están siendo creadas y que serán adoptadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La semana pasada, ese ministerio anunció que alista un conjunto de nuevas normas, que le permitirán prolongar la detención de familias migrantes.
De acuerdo con lo revelado por el DHS, el nuevo marco regulatorio también dispondrá nuevos procedimientos sobre el trato y la protección que se le debe dar a los menores que son confinados a un centro de detención, tras arribar a suelo estadounidense sin compañía o luego de ser separados de sus padres migrantes.
Según los demandantes, las nuevas políticas “eliminarían las protecciones cruciales (…) para los niños vulnerables”, pero además pasarían por encima de lo establecido en el denominado “Acuerdo Flores”, un convenio legal que es supervisado por los tribunales y que está en vigor desde 1997.
Ese documento establece que los períodos de detención de las familias de inmigrantes ilegales, que han sido atrapadas después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, no deben superar los 20 días. También indica que los menores indocumentados deben ser mantenidos en entornos pocos restrictivos y que deben ser dejados en libertad en el menor tiempo posible.
