Raleigh, NC.- Dos organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, El Pueblo y la Carolina Migrant Network, rechazaron de forma contundente la reciente aprobación de los proyectos de ley SB153 y HB318 en la Legislatura estatal. Ambos grupos calificaron las iniciativas como un ataque directo contra las comunidades inmigrantes y solicitaron al gobernador Josh Stein que vete ambas leyes.
La SB153 obliga a agencias estatales, como la Patrulla de Carreteras y el Departamento de Seguridad Pública, a firmar acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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También prohíbe que inmigrantes indocumentados accedan a beneficios públicos y penaliza a los gobiernos locales que se nieguen a colaborar con autoridades migratorias. Además, las universidades estatales deberán coordinar acciones con ICE, una medida que El Pueblo considera como una intromisión en la autonomía de las instituciones educativas.
Por su parte, la HB318 amplía el alcance de la ley HB10 de 2024. Obliga a todos los alguaciles del estado a colaborar con ICE y extiende esa responsabilidad a los magistrados judiciales. También modifica el inicio del periodo de retención de inmigrantes en las cárceles, exigiendo notificación previa a ICE antes de liberarlos, lo que podría derivar en más detenciones sin garantías procesales.
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“El efecto inmediato será el temor, la desconfianza y la criminalización de personas que llevan años trabajando y aportando a la economía local”, advirtió América Juárez Maldonado, coordinadora de políticas de Carolina Migrant Network. Afirmó que estas leyes promueven una narrativa falsa sobre los inmigrantes y afectan la seguridad pública al desincentivar la cooperación entre las comunidades y las fuerzas del orden.
El Pueblo también criticó el impacto social de estas medidas. Señaló que la experiencia demuestra que la colaboración obligada con ICE debilita la confianza ciudadana, obstaculiza denuncias de delitos y pone en riesgo a víctimas que temen ser deportadas si buscan ayuda.
Ambas organizaciones reconocieron que la lucha aún no termina. Mientras el gobernador Stein analiza su decisión, los líderes comunitarios llaman a la movilización y al rechazo colectivo de estas políticas que, según afirman, rompen el tejido social y promueven la persecución de personas por su estatus migratorio.
El mandatario tiene diez días para decidir si firma o veta los proyectos de ley. Grupos de base, defensores de derechos humanos y familias inmigrantes aguardan su decisión con expectativa y esperanza.
El Pueblo también invita a la comunidad a unirse a este llamado al gobernador a través del siguiente enlace: bit.ly/vetoSB153
