Charlotte, NC.- Un laboratorio de NC enfrenta acusaciones por emitir facturas falsas a Medicaid desde el estado. Así lo confirmó la fiscal federal Dena J. King, quien anunció que LabXperior Corporation y su propietaria Tina Ball pagaron $235,000 para resolver el caso.
Urine drug testing laboratory & owner agree to resolve False Claims Act allegations.
w/ @FBICharlotte @OIGatHHS @IRS_CI @NCAGO https://t.co/zEH1U2KZg3— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) October 11, 2024
Las acusaciones son sobre la violación de la Ley Federal de Reclamos Falsos y la Ley de Reclamos Falsos de NC al facturar deliberadamente a Medicaid del estado (Medicaid) pruebas de detección de drogas en orina que eran médicamente innecesarias y resultaron de violaciones de la Ley Antisoborno.
Estados Unidos y el estado de NC alegaron que, desde el 28 de septiembre de 2016 hasta el 20 de diciembre de 2017, LabXperior presentó reclamaciones a Medicaid por pruebas de detección de drogas en orina que eran falsas.
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Las reclamaciones eran falsas porque eran el resultado de un acuerdo ilegal de sobornos entre LabXperior y BPolloni Consulting, LLC, una entidad que remitía pruebas de detección de drogas en orina a LabXperior.
Según el acuerdo, LabXperior le pagaba a BPolloni un porcentaje de los ingresos o ganancias del reembolso de Medicaid por cada prueba de detección de drogas en orina que BPolloni organizaba para que otra entidad, Do It 4 the Hood Corporation (D4H), enviara a LabXperior.
El director ejecutivo de BPolloni y otras personas que operaban D4H se declararon anteriormente culpables de conspiración para cometer fraude en la atención médica y violaciones de la Ley Antisoborno derivadas de los acuerdos ilegales de sobornos de D4H con laboratorios de pruebas de detección de drogas en orina.
AAdemás de estar involucrados por sobornos ilegales, Estados Unidos y el estado de NC alegaron que las solicitudes de pruebas de detección de drogas que LabXperior presentó a Medicaid eran falsas porque las pruebas eran innecesarias desde el punto de vista médico. En concreto, las órdenes de las pruebas no eran específicas para el paciente y no reflejaban la determinación de un proveedor médico calificado sobre la necesidad del paciente de hacerse la prueba.
El acuerdo civil y la resolución de las reclamaciones obtenidas en este asunto fueron el resultado de un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía de los Estados Unidos y el FBI en Charlotte, con la asistencia de la División de Investigaciones de Medicaid de la Fiscalía General de NC, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y las Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos.
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La investigación y resolución de este asunto ilustra el énfasis que pone el gobierno en combatir el fraude en la atención médica. Una de las herramientas más poderosas en este esfuerzo es la Ley de Reclamos Falsos.
Las sugerencias y quejas de todas las fuentes sobre posibles fraudes, desperdicios, abusos y mala administración se pueden informar al Departamento de Salud y Servicios Humanos al 800-HHS-TIPS (800-447-8477).
