Raleigh, NC.- La polémica continúa en el condado Union después de que el distrito escolar decidiera liberar al personal de tareas de rastreo de contacto y cambiar los protocolos de cuarentena. Ahora, el estado amenaza con acciones legales.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte emitió una carta a la Junta Escolar de Union.
En la misiva se describen las medidas de control de COVID-19 requeridas que todas las escuelas del estado. Éstas deben ser implementadas para proteger a los estudiantes, el personal y la comunidad, señala el departamento. Y ratifica que el incumplimiento puede dar lugar a acciones legales.
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El 13 de septiembre de 2021, la Junta Escolar aprobó una moción para detener inmediatamente toda actividad de rastreo de contactos y cuarentena por parte del personal y las enfermeras de las escuelas del condado Union. Además se pidió el regreso inmediato de los estudiantes que fueron excluidos de la escuela debido a la exposición a COVID-19.
Tales acciones no cuentan con el respaldo del estado. Además, el de Union es uno de los pocos distritos que no exige mascarillas en las escuelas.
Acciones legales
En su sitio web el estado informa que Carolina del Norte y Union tienen tasas muy altas de transmisión de COVID-19. Están impulsadas por la variante Delta. Precisa que por primera vez el grupo de menores de 18 años tiene la mayor tasa de contagios.
“El condado Union tuvo el tercer número más alto de casos de COVID-19 en el estado para niños menores de 18 años durante la semana que finalizó el 11 de septiembre. Esta tasa es sustancialmente más alta que los condados de tamaño y población similares, incluidos Cumberland, Cabarrus y Durham”, indica la publicación.
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Las escuelas deben cumplir con las medidas de control prescritas por la ley de Carolina del Norte. Entre estas destaca aislamiento o cuarentena de estudiantes, maestros y personal en casos de exposición a COVID-19.
“El incumplimiento de tales medidas de control representa una amenaza inmediata y sustancial para la salud y seguridad de los estudiantes y el personal, sus familias y la comunidad y puede resultar en acciones legales”, insiste el estado en su publicación.
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