Washington.- Menos de una semana después del 5 de marzo, el término del plazo de seis meses para que el Congreso debatiera y aprobada una ley para legalizar la permanencia de unos 700,000 dreamers,demócratas y republicanos vuelven a negociar a puertas cerradas sobre el tema, pero esta vez con un objetivo distinto: aprobar fondos para la maquinaria de deportaciones que el presidente Donald Trump prometió durante su campaña.
“No sabemos lo que va a pasar”, dice Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD), la principal organización de soñadores del país. “Lo que estamos peleando ahorita es el hecho de que quieren darle plata a Trump para sus medidas antiinmigrantes”.
Guzmán advierte que, entre los proyectos patrocinados por republicanos en ambas cámaras, se incluyen medidas similares a las discutidas en los últimos seis, como por ejemplo un camino a laciudadanía para 1.8 millones de dreamers.
“Pero quieren que elijamos entre esas protecciones y las políticas antiinmigrantes que colocarán a losotros 9 millones de indocumentados, entre ellos a nuestros padres y familiares en el banquillo de las deportaciones”, apuntó.
La diferencia con el debate anterior es la urgencia para aprobar el presupuesto de gastos del año fiscal 2018. El plazo vence el 23 de marzo, pero los republicanos quieren anticiparlo 10 días y, con ello,reducir la opción bipartidista a favor de una reforma migratoria como la que buscan los demócratas .
“Insisten hacerlo al estilo de Trump”, dice una fuente conocedora de las negociaciones, pero que no está autorizada a revelar su nombre. “Esta vez quieren todo lo que el presidente exige. Las últimas redadas en California y la demanda por ser un estado santuario, son un preámbulo de lo que quiere hacer el presidente con los fondos que le pide al Congreso”.
Guzmán advierte que “lo quieren hacer la próxima semana, 10 días antes del plazo del 23 de marzo. Nosotros creemos que si no consiguieron en seis meses ponerse de acuerdo para hacer algo bipartidista y humana, nadie cree que puedan hacerlo en cinco días. No es posible y es preocupante”.
Las “pláticas del ómnibus”
Las “pláticas del ómnibus” o también conocida como la “ley del autobús”, es el debate sobre el paquete final de niveles de fondos para el año fiscal 2018, explica una fuente demócrata del Senado. “Ahí meten todo y todo se discute como si fuera una sola ley”, agregó.
Es en esta estrategia donde los republicanos quieren poner el debate de DACA, pero los demócratas temen que, al hacerlo de esta manera, los dreamers salgan “perjudicados”.
Por una parte, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan (Wisconsin), ha dicho que quiere ver “algo de DACA” dentro del presupuesto que se quiere debatir la próxima semana. Los demócratas responden que “eso está en veremos” porque los republicanos quieren “un presupuesto que solo beneficie al presidente, y eso no es una forma de negociar”, añaden las fuentes.
Por otro lado, los demócratas reconocen que en esta fase del debate tienen poco que ganar. “El Senador Richard Durbin (demócrata por Illinois), ha dicho que no se cerrará el gobierno por este tema de los dreamers”, indican.
Es decir, la oposición no tiene fuerza para forzar a una negociación moderada. La Casa Blanda de Trump seguirá con las manos libres para seguir presionando porque existe plena seguridad de que el gobierno seguirá funcionando después del 23 de marzo.
Aun así, el Caucus Congresional Hispano (CHC) piensa que las “pláticas del ómnibus” es un “punto de apoyo para darnos un voto sobre una solución de DACA. Necesitamos usarlo, tenemos que encontrar todos los vehículos para resolver este problema productivamente”, pero nada garantiza que los demócratas anticipen una victoria.
“No nos detendremos hasta que se resuelva el futuro que nuestros soñadores se merecen”, dice una fuente de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan con una amplia mayoría.
Malos presagios
“DACA no está muerto”, dijeron fuentes demócratas y republicanas consultadas por Univision Noticias este viernes. Pero su futuro es frágil y puede morir en cualquier momento, añadieron.
El programa que ampara de las deportaciones y concede un permiso temporal renovable cada dos años fue reactivado a nivel nacional el 9 de enero por orden de un juez federal del norte de California que tiene en sus manos varias demandas presentadas por ciudades y grupos pro inmigrantes.
El 13 de febrero un segundo tribunal, de Brooklyn, Nueva York, también le ordenó al gobierno de Trump reactivar DAVCA en los mismos términos que se encontraba antes de ser cancelado el 5 de septiembre de 2017.
“Pero aún hay mucha incertidumbre”, dice Reynaldo Benítez, director de comunicaciones de la oficina de la senadora Catherine Cortez-Masto (demócrata por Nevada). “Para ponerle fin a la incertidumbre y resolver este problema instigado por el presidente Trump, el Congreso debe aprobar una solución permanente”, agrega.
El último de estos esfuerzos se llevó a cabo a mediados de febrero, cuando una opción bipartidista se quedó a solo seis votos de ser aprobada en el Senado, donde se requieren 60 apoyos. Pero aunque haya sido enviada a la Cámara de Representantes, Trump ya la había condenado porque no incluía sus “pilares” de reforma migratoria.
“Las negociaciones bipartidistas continúan”, aseguró Benítez. “Si bien el presidente fue quien descarriló esos acuerdos, seguimos batallando. Y pensamos que en vez de estar tuiteando tonterías, el presidente debería dejar que el Congreso trabaje para a probar una legislación que resuelva esta crisis de una vez por todas”.
