Washington.- Estados Unidos cumplió su promesa y reimpuso restricciones a la exportación de petróleo y gas al Gobierno de Nicolás Maduro.
La medida se origina ya que la administración de Biden considera un incumplimiento flagrante de los compromisos electorales del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En este sentido, el Departamento del Tesoro no renovará la Licencia General 44, que venció la medianoche del miércoles 17 de abril. La cual habría permitido las operaciones de empresas extranjeras en el sector del petróleo y el gas venezolano.
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Por lo que las compañías tienen un plazo de 45 días, hasta el 31 de mayo, para cerrar de manera ordenada todas las actividades que tenían bajo esta normativa.
Ahora deben solicitar autorización
Asimismo, el Tesoro emitió la Licencia 44A, que obliga a las empresas extranjeras que quieran hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos Venezolanos (PDVSA) a solicitar autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.
Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos.
Además, que las restricciones en ningún caso afectan a las operaciones en Venezuela de la estadounidense Chevron, que tiene una licencia especial desde 2022, cuando la guerra de Ucrania perturbó el mercado global de crudo.
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Es de mencionar, que la Administración de Joe Biden había aliviado esas sanciones en octubre como gesto de buena voluntad y en un intento por incentivar que Maduro cumpliera la hoja de ruta para unas elecciones democráticas pactadas entre el chavismo y la oposición en los Acuerdos de Barbados.
Sin embargo, la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado y el impedimento de las autoridades para registrar a su reemplazo, Corina Yoris, fueron la gota que colmó el vaso para Washington.
Por su parte fuentes estadounidenses indicaron a diversos medios de comunicación que la Administración de Biden no tira todavía la toalla. Por lo que sigue dispuesta a intentar reconducir el proceso para que las presidenciales convocadas para el próximo 28 de julio tengan un mínimo de garantías democráticas.
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