Washington.- La fiscal general, Pamela Bondi, y el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, anunciaron que presentaron una demanda contra el estado de California.
En un comunicado explicaron que la acción legal busca detener un mandato estatal que impone el uso de vehículos eléctricos, alegando que California está estableciendo ilegalmente requisitos de kilometraje que violan la ley federal.
Según la demanda, la normativa federal establece que solo la administración nacional tiene autoridad para regular la economía de combustible.
De la misma manera, indicaron que esta medida forma parte de la iniciativa “Freedom Means Affordable Cars” (La libertad significa autos asequibles), impulsada por el Presidente Donald J. Trump para reducir costos a los ciudadanos.
Detallaron que el gobierno estima que el reseteo de los estándares de la NHTSA ahorrará a los estadounidenses unos 109 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Además, calculan que las familias ahorrarán un promedio de 1.000 dólares en la compra de vehículos nuevos al eliminar las restricciones que encarecen la producción.
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Alertan sobre gastos exorbitantes
Por su parte, la Fiscal General Bondi calificó los mandatos de California como «opresivos y costosos», señalando que las políticas estatales generan gastos exorbitantes y violan la soberanía federal.
President Trump’s Justice Department & Transportation Department Sue to Stop California’s Illegal EV Mandate
“Oppressive, expensive electric vehicle mandates drive up costs for American consumers and violate federal law,” said @AGPamBondi. “California is using unlawful policies… pic.twitter.com/yRhlHbFQGo
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) March 12, 2026
Mientras que, el secretario Duffy criticó al gobernador Gavin Newsom por insistir en lo que denominó una «fantasía radical» de vehículos eléctricos.
Ambos funcionarios sostienen que estas políticas obligan a los fabricantes a modificar sus líneas de producción de manera ineficiente, restringiendo la libertad de elección del consumidor.
En este sentido, la demanda ha sido interpuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de California. Los funcionarios federales enfatizaron que permitir que un solo estado dicte políticas de economía de combustible crea un «mosaico» regulatorio que desestabiliza el mercado nacional de vehículos.
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