Washington.- El fiscal general adjunto interino, Trent McCotter, anunció que el Departamento de Justicia presentó una solicitud formal de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta acción legal busca intervenir directamente en los procesos electorales del estado de California para proteger la legalidad de los comicios.
A través de sus redes sociales, alertó que “California se ha negado a trabajar con el Gobierno Federal para proteger contra la votación de no ciudadanos, lo que diluye los votos legales”.
Asimismo, destacó que la medida jurídica interpuesta por la administración federal tiene como objetivo principal obligar al estado de California a separar de manera inmediata las boletas por correo asociadas a más de 20.000 probables no ciudadanos.
California has refused to work with the Federal Government to protect against noncitizen voting, which dilutes lawful votes, so @TheJusticeDept has filed an emergency application with the Supreme Court to require California to segregate mail-in ballots associated with more than… pic.twitter.com/dZJLyIvd2q
— Acting Deputy Attorney General Trent McCotter (@PADAGMcCotter) November 2, 2026
En este sentido, las autoridades federales exigen que estos sufragios permanezcan aislados hasta que los organismos competentes logren verificar de forma fehaciente la ciudadanía de los titulares.
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California se ha negado de cooperar con las autoridades federales
Por otro lado, desde la perspectiva del Gobierno Federal, California se ha negado reiteradamente a cooperar con las autoridades federales en las labores de fiscalización y protección destinadas a prevenir y bloquear la participación electoral de personas que no poseen la ciudadanía estadounidense.
Según los argumentos legales, esta negativa institucional debilita y diluye el valor de los votos legales emitidos por los ciudadanos habilitados.
Indicaron que con la solicitud de emergencia, la administración central busca establecer un freno cautelar que impida el conteo de dichos votos bajo sospecha antes de agotar los protocolos de validación ciudadana.
Ante este panorama de tensiones políticas y legales, el fiscal general adjunto interino enfatizó que el Gobierno Federal continuará persiguiendo todas las vías jurídicas disponibles. El propósito central de esta estrategia es salvaguardar la integridad de las elecciones norteamericanas y asegurar el estricto cumplimiento de la ley federal en todas las jurisdicciones del país.
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