Los Ángeles.- Una juez federal emitió una orden judicial preliminar que prohíbe de manera terminante a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza ejecutar arrestos arbitrarios basados en discriminación o perfil racial en la región sur de California.
A través de diversos medios de comunicación se conoció que la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong fundamentó la resolución señalando que las constancias de capacitación oficial aportadas por el gobierno resultan insuficientes frente a la abrumadora evidencia de prácticas operativas apartadas de la legalidad por parte de los uniformados.
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Detallaron que el fallo judicial, circunscrito al Distrito Central de California, establece con claridad que las características físicas asociadas a la apariencia latina y la pertenencia a la clase trabajadora no configuran causa probable para justificar una retención migratoria, salvo en circunstancias específicas dentro de puertos o puestos de control autorizados.
Jueza federal prohíbe a ICE y Patrulla Fronteriza realizar detenciones injustificadas y discriminatorias por perfil racial al sur de California. ⬇️ https://t.co/8x7ua7YM1H
— N+ UNIVISION FRESNO (@nmasunivFRESNO) October 30, 2026
Departamento de Justicia rechaza medida
Por otro lado, señalaron que la medida cautelar surge como respuesta directa a una demanda interpuesta de forma conjunta el año pasado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y diversas víctimas de abusos en operativos migratorios.
Una jueza del estado de California emitie una orden que prohíbe a agentes migratorios detener a personas para interrogarlas basándose únicamente en estereotipos raciales.https://t.co/BgO1TlZVLx
— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 29, 2026
Asimismo, se conoció que un portavoz del Departamento de Justicia criticó la decisión al estimar que la directriz judicial limita severamente la operatividad del Ejecutivo federal, por lo que la administración del presidente Donald J. Trump presentó un recurso formal de apelación el pasado 28 de octubre.
Por último, la juez puntualizó que su mandato no constituye una sentencia absolutoria sobre la existencia de una política institucional ilícita, sino una providencia cautelar destinada a proteger los derechos civiles mientras continúa el litigio en tribunales.
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