Los Ángeles.- A escasos días de las elecciones de medio término, el juez federal David Carter emitió un fallo en el que rechazó la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ) para obligar al estado de California a apartar más de 20.000 boletas de votación por correo de presuntos no ciudadanos hasta verificar su identidad.
En el documento publicado en las redes sociales se conoció que el magistrado determinó que el DOJ carece de legitimación activa (standing) y de una causa de acción válida, argumentando que la prohibición federal del voto de no ciudadanos no otorga facultades al gobierno federal para anular los procedimientos electorales estatales ni coaccionar a sus funcionarios.
NEW: A federal judge declined to require California to set aside mail-in ballots from more than 20,000 suspected noncitizens until their citizenship could be verified, just days before the midterm elections. pic.twitter.com/h8dlOQrQV3
— SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 29, 2026
Asimismo, Carter advirtió que la medida solicitada habría infringido las leyes electorales federales que prohíben la depuración sistemática de votantes en las fechas inmediatamente anteriores a los comicios, un periodo en el cual el proceso de votación ya se encuentra activo.
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DOJ apelará inmediatamente la decisión
Por otro lado, el juez cuestionó severamente la fiabilidad y precisión de la lista elaborada por el DOJ sobre los supuestos votantes no ciudadanos, señalando que acceder a la petición habría generado un grave caos operativo y el riesgo de privar del sufragio a ciudadanos con derecho legítimo a votar.
Asimismo, destacaron que en una de las partes más enérgicas de su resolución, el magistrado criticó duramente a los funcionarios federales por amenazar con procesos penales a los trabajadores electorales que se negaran a acatar su directriz, sentenciando de forma tajante que «estas amenazas deben cesar».
Por último, se conoció que ante esta decisión judicial adversa, el Departamento de Justicia interpuso de inmediato una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, mientras la disputa legal por el manejo de los registros y las boletas electorales continúa escalando.
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