Charlotte, NC.- Carolina del Norte inicia diciembre con una reforma legal que cambia de manera significativa las políticas de liberación previa al juicio para acusados de delitos violentos. La legislación, conocida como Ley Iryna, surge como respuesta directa al brutal asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años que perdió la vida tras un apuñalamiento en un tren ligero de Charlotte en agosto de 2025. El caso generó indignación en la comunidad y presionó a los legisladores estatales para acelerar cambios en el sistema.
El proyecto, identificado como HB 307, logró la aprobación legislativa en 2025 y recibió la firma del gobernador Josh Stein el 3 de octubre. Su entrada en vigencia este 1 de diciembre marca un punto de inflexión en la manera en que las autoridades manejan la liberación de personas acusadas de delitos violentos.
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La ley introduce reformas amplias. Una de las disposiciones más relevantes elimina la posibilidad de liberar sin garantía a quienes enfrentan cargos violentos. Los acusados deben presentar una fianza garantizada o permanecer bajo arresto domiciliario con monitoreo por GPS. La liberación sin dinero y los bonos no garantizados dejan de figurar entre las opciones para este tipo de casos.
Las nuevas reglas también exigen mayor responsabilidad a magistrados y jueces. Cada decisión sobre libertad preventiva debe incluir una justificación detallada, y las fallas en ese procedimiento pueden derivar en sanciones, suspensión o incluso expulsión del cargo. Estas medidas buscan asegurar decisiones más rigurosas en situaciones de alto riesgo.
Otro eje central de la ley gira en torno a la salud mental. Las autoridades deben considerar evaluaciones psicológicas en acusados con antecedentes de violencia o compromisos involuntarios previos. El proceso de compromiso involuntario recibe ajustes que permiten mantener bajo custodia a algunos demandados mientras avanzan las audiencias correspondientes.
La Ley Iryna también introduce cambios en materia de pena capital. El estado puede adoptar métodos alternativos de ejecución si la inyección letal no se encuentra disponible, lo que abre la puerta a procedimientos como la electrocución o el pelotón de fusilamiento. Además, los delitos graves cometidos en transporte público se integran como factores agravantes para la elegibilidad de la pena de muerte. Las apelaciones en casos de pena capital deben resolverse en un plazo de 24 meses, con audiencias aceleradas para expedientes más antiguos.
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Los legisladores promovieron esta normativa bajo el argumento de que el sistema permitió que personas con historial delictivo continuaran libres sin la supervisión adecuada. La muerte de Zarutska generó un reclamo masivo por mayor seguridad y una revisión abrupta de las políticas de liberación previa al juicio. Con la implementación de la Ley Iryna, las autoridades buscan prevenir tragedias similares y fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia penal.
