Washington.- El gobierno de Estados Unidos, anunció que en una ofensiva coordinada para restituir el control de las familias sobre la educación de sus hijos, el Departamento de Educación (ED) y el Departamento de Justicia (DOJ) enviaron una carta formal a los fiscales generales de todos los estados para recordarles la vigencia y el estricto cumplimiento de dos leyes federales clave de privacidad: la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA).
Así lo dio a conocer el Departamento de Justica, en un comunicado, en donde detalló que bajo estas normativas, las autoridades federales recalcaron que los padres tienen el derecho inalienable de conocer la información más sensible y personal de sus hijos, así como de otorgar su consentimiento por escrito ante cualquier evaluación psicológica o sanitaria en los planteles.
De la misma manera, el gobierno anunció una acción de cumplimiento contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), en California, debido a políticas internas que obligaban al personal a ocultar a los padres la identidad de género autoproclamada de los alumnos y a promover acuerdos de confidencialidad a espaldas de las familias.
🚨 @usedgov and @TheJusticeDept Reaffirm Parents Are Not Terrorists and Have the Right to Direct their Children’s Education
“Parents are children’s natural providers and protectors,” said @AAGDhillon. “The Biden-Harris DOJ labeled concerned parents as threats for exercising… pic.twitter.com/lhSjiUJ9sy
— DOJ Civil Rights Division (@CivilRights) October 5, 2026
Revelan nuevo informe
Por otro lado, la administración actual reveló el “Informe para Exponer la Armamentización del Gobierno Contra los Padres en las Escuelas”, acompañado de cientos de correos y documentos desclasificados.
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El documento detalló cómo el DOJ bajo la dirección de Merrick Garland, a instancias de la Casa Blanca y de la Asociación Nacional de Juntas Escolares, utilizó los recursos del FBI y de la División de Seguridad Nacional para intimidar, investigar y etiquetar injustamente como «terroristas domésticos» a los padres que asistían pacíficamente a protestar en las reuniones de las juntas escolares.
Five years ago, Attorney General Merrick Garland issued an infamous memorandum at the urging of the National School Boards Association and White House officials, directing the FBI and United States Attorneys to consider looking for a federal hook to prosecute parents exercising…
— Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 5, 2026
Por último, el fiscal general Todd Blanche y la secretaria de Educación Linda McMahon subrayaron que la época en la que el aparato estatal fue utilizado para silenciar y catalogar a las familias como enemigas ha terminado, reafirmando el compromiso del gobierno federal para sancionar a las escuelas infractoras y blindar de manera definitiva la patria potestad en todo el país.
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