Washington.— Desde el jueves 1 de octubre de 2026, entró en vigor las modificaciones normativas en la legislación federal que restringen de manera significativa la elegibilidad para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos.
A través de diversos medios de comunicación se conoció que la medida deriva de la denominada ley impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, cuyos efectos inmediatos incluyen la disminución o suspensión de beneficios para millones de familias vulnerables.
De la misma manera, señalaron que datos del Food Research & Action Center, basados en cifras del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), reflejan que aproximadamente 5.2 millones de personas dejaron de recibir asistencia alimentaria entre julio de 2025 y junio de 2026.
More than 5 million Americans have lost food-stamp benefits since 2025. "I have to prove that I'm sick," one SNAP recipient said. https://t.co/dFRKbUs1Xh
— CBS News (@CBSNews) September 30, 2026
Alertan sobre las la dificultad que enfrentan los desempleados
Por otro lado, diversos testimonios de ciudadanos afectados, recopilados por diversos medios de comunicación coinciden sobre las dificultades que enfrentan los desempleados para conservar el apoyo mientras buscan un puesto de trabajo.
Ver más: Cambios en Medicaid y SNAP: Mecklenburg lanza una campaña educativa
De la misma manera, se conoció que la normativa amplía la obligación laboral a adultos de entre 18 y 64 años, además de incluir a padres con hijos menores de entre 14 y 17 años, eliminando las exenciones previas para estos rangos.
Major changes are coming on Oct. 1 for the tens of millions of Americans who rely on the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) for food assistance from the federal government.https://t.co/bSKSovZapq
— ABC News (@ABC) September 30, 2026
En este sentido, los beneficiarios deben acreditar un mínimo de 80 horas mensuales mediante empleo, voluntariado autorizado o capacitación laboral; de lo contrario, la ayuda se limita a un periodo de tres meses dentro de un ciclo de tres años. Quedan exentas personas embarazadas, con problemas de salud que impidan laborar o con responsabilidades de cuidado infantil para menores de 14 años.
Como parte de los cambios implementados este 1 de octubre, los gobiernos estatales pasaron a financiar el 75 % de los costos administrativos del programa, en contrasto con el 50 % anterior, trasladando una mayor carga presupuestaria a nivel local. Las autoridades recomendaron a los usuarios revisar notificaciones de ajuste, consultar por exenciones médicas o de cuidado, y utilizar líneas de ayuda gubernamentales o recursos de procesamiento acelerado en caso de necesidad urgente de alimentos.
Vídeo: Gastonia: temor migratorio impacta a la comunidad hispana