Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la implementación de una nueva política de restricciones de visado fundamentada en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dirigida contra ciudadanos extranjeros y sus familiares directos acusados de socavar gobiernos democráticamente elegidos mediante la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental.
En un comunicado se conoció que la medida, comunicada por el portavoz de la dependencia, Thomas «Tommy» Pigott, da cumplimiento a los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y la declaración conjunta del mecanismo «Escudo de las Américas» (Shield of the Americas).
En este sentido detallaron que como primer paso de esta estrategia, la administración estadounidense aplicó restricciones y revocatorias de visados a múltiples personas vinculadas a redes de impunidad en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Under the Trump Administration, corrupt foreign officials can no longer freely enter the United States. We are publicly designating the Attorney General of Bolivia, Roger Mariaca, for taking bribes from narcotraffickers to help them evade justice. The Department is also taking…
— US Dept of State INL (@StateINL) September 28, 2026
Funcionarios de varios países afectados
Por otro lado, indicaron que en el caso de Bolivia, las sanciones afectaron a doce nacionales, incluyendo a fiscales, jueces, exfuncionarios de gobierno y magistrados constitucionales. Además de designar públicamente al fiscal general Roger Mariaca por su participación en actos de corrupción y por facilitar el narcotráfico y la evasión de justicia de criminales violentos.
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Asimismo, destacaron que en Colombia, el Departamento de Estado revocó los visados del empresario Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu. Mientras que las medidas también alcanzaron a dos ciudadanos en Ecuador y a un juez constitucional en Perú.
En este sentido, el gobierno estadounidense subrayó que esta herramienta jurídica de carácter duradero permite actuar de manera rápida y coordinada con los países socios de la región.
Por último, las autoridades reiteraron que los funcionarios corruptos y los criminales que protegen no son bienvenidos en los Estados Unidos, advirtiendo que se mantendrán las acciones coercitivas para proteger la seguridad y el estado de derecho en el continente.
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