Washington.- La Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. permitió de forma temporal al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) avanzar con su propuesta de regulación para el correo electoral.
Así se conoció en un comunicado, en donde indicaron que esta decisión de emergencia congela la orden previa de un juez de distrito que había bloqueado la iniciativa, facultando a la agencia federal a continuar con el proceso administrativo y legal a la espera de que se resuelva la apelación de fondo.
Asimismo, señalaron que la controvertida norma exige como requisito que los estados entreguen sus listas de votantes y códigos de barras serializados en las balotas antes de que la USPS procese y envíe las boletas electorales federales.
Detallaron que el caso judicial, registrado bajo el expediente número 26-5253 y emitido oficialmente el 17 de julio de 2026, enfrenta directamente al Servicio Postal y a su director general, Louis DeJoy, contra la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP).
🚨 The D.C. Circuit has temporarily allowed the U.S. Postal Service to move forward with its proposed election-mail rule requiring states to submit voter lists and serialized ballot barcodes before USPS will mail federal ballots, staying a district judge's order. pic.twitter.com/MRfGcBWa8S
— SCOTUS Wire (@scotus_wire) July 17, 2026
Destacan las probabilidades de ganar la apelación
Por otro lado, señalaron que El panel de jueces integrado por Henderson, Walker y Garcia determinó que la USPS tiene altas probabilidades de ganar la apelación sustentando su postura en dos razones jurídicas independientes.
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En primer lugar, los magistrados señalaron que la impugnación de la organización civil es prematura debido a que apunta contra una regla propuesta y no un texto final; en segundo lugar, concluyeron que, incluso si llega a adoptarse, la medida no viola el acuerdo de conciliación firmado entre ambas partes en el año 2021.
En este sentido, el tribunal superior subrayó el riesgo de un daño irreparable advirtiendo que el bloqueo legal impediría implementar una regulación definitiva antes de las elecciones generales de noviembre de 2026. Al otorgar la suspensión de la medida restrictiva, el tribunal validó el argumento de la defensa sobre la urgencia del calendario electoral, recordando que en este tipo de procesos democráticos no existen segundas oportunidades una vez celebrados los comicios.
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