Washington.- El gobierno de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva destinada a blindar el sistema financiero contra riesgos de seguridad nacional y debilidades crediticias. El decreto establece que no se tolerarán los riesgos derivados de la extensión de crédito o servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y removibles.
La Casa Blanca en un comunicado argumentó que la provisión de servicios bancarios básicos sin una debida verificación puede ser explotada para el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero por parte de redes criminales internacionales.
En este sentido, detalló que bajo esta nueva directriz, se exige a los bancos examinar más detenidamente el estatus migratorio de sus clientes al abrir cuentas o evaluar créditos.
De la misma manera, la orden señala que la falta de autorización de trabajo legal genera una deficiencia estructural en la «capacidad de pago» de los prestatarios debido al riesgo inminente de deportación o pérdida de salarios.
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Buscan identificar a los clientes
Por otro lado, la Casa Blanca, sostuvo que el gobierno busca que las instituciones financieras apliquen programas robustos de identificación de clientes y medidas de debida diligencia mejoradas para mitigar estas vulnerabilidades.
Asimismo, enfatizaron que en un plazo de 60 días, el Departamento del Tesoro emitirá una advertencia formal detallando «alertas rojas» sobre actividades sospechosas. Entre estas conductas se incluye el uso de números de identificación fiscal (ITIN) en lugar de números de Seguro Social para abrir cuentas o solicitar créditos sin un estatus migratorio legal verificado.
Las autoridades advirtieron que, si bien el ITIN facilita el cumplimiento fiscal, su uso sin una visa de trabajo autorizada se considerará un factor de riesgo que requerirá una debida diligencia reforzada por parte de las entidades bancarias.
Además, señalaron que la orden otorga un plazo de 90 días al Tesoro para proponer cambios a las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario. Estas modificaciones otorgarán a los bancos la autoridad explícita para obtener información sobre si los titulares de las cuentas poseen un estatus migratorio legal y autorización de empleo en el país. Esta medida se aplicará como parte de una evaluación basada en riesgos para prevenir el fraude, la suplantación de identidad y la evasión de sanciones.
Por último, se conoció que el decreto impactará directamente la evaluación de préstamos de consumo, hipotecas y créditos automotrices. Se ha instruido a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) para que clarifique que la posible deportación es un factor que afecta adversamente la capacidad de pago de un solicitante. Con esto, los reguladores financieros emitirán guías estrictas para que los bancos gestionen el riesgo crediticio que, según la administración, representa la población que no cuenta con autorización legal para trabajar en los Estados Unidos.
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