Charlotte, NC.- El Sheriff de Mecklenburg, Garry McFadden, dejó ver su posición con relación a la detención de Oscar Gerardo Solórzano García, de 33 años de edad y originario de Honduras, presunto responsable por un ataque violento en el Tren Ligero.

McFadden afirmó «Como he dicho repetidamente, el proceso actual de inmigración y deportación civil, tal como está diseñado actualmente, no está funcionando. El proceso es poco confiable, inconsistente y profundamente defectuoso. Estas fallas han llevado a que detengan, arresten y aterroricen a ciudadanos estadounidenses. El eslogan político «Lo peor primero» parece no ser más que un lema parlante, como «Hacer que nuestra ciudad sea fea», porque no hemos visto evidencia de que ninguna de las dos promesas se cumpla ciudad tras ciudad, barrio tras barrio». 

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Además dijo que «Y así, el juego de blancos continúa. En lugar de abordar estas fallas sistémicas, las agencias federales intentan desviar la responsabilidad utilizando un lenguaje selectivo y distracciones políticas. En su propia declaración, el Departamento de Seguridad Nacional (DUS) dijo: «El atroz apuñalamiento por parte de este extranjero ilegal dos veces deportado NUNCA debería haber sucedido».

También destacó que «En este punto, el DUS tiene razón, nunca debería haber sucedido. Pero eso se debe precisamente a que la misma agencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICF), del DHS, recurrió dos veces al proceso de detención civil para deportar a Oscar Gerardo Solarzano, por ejemplo. Ese proceso civil es el mismo mecanismo que hizo que lo deportaran dos veces sin supervisión judicial, solo para que regresara. Solarzano nunca rindió cuentas por sus crímenes debido al proceso de deportación civil. Pero seamos claros. El arresto por apuñalamiento es el primer arresto de Solarzano en el condado Mecklenburg».

«Si deportar a Solarzano dos veces no funcionó, entonces la culpa de este sistema roto recae en DIS-ICE y su continua dependencia de un proceso que ha fracasado repetidamente. La verdadera pregunta que el público y los medios de comunicación deberían hacerse es esta: ¿Por qué el DHS-ICE no utilizó la ley penal estatal para empezar, específicamente el Título 8 del Código de los Estados Unidos y sus secciones, Reingreso y Deportación? Esta ley federal habría generado supervisión individual y verdadera competencia».

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McFadden se preguntó «¿Por qué esta ley general se ha utilizado en innumerables otros casos? Casi ningún medio de comunicación ha hecho esta pregunta. Muy pocos, si es que alguno, han cuestionado a DEIS-ICE sobre por qué elige un proceso civil, uno que la agencia sabe que es ineficaz, en lugar de la opción penal federal. En cambio, la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg es posicionada rutinariamente como el chivo expiatorio, una distracción conveniente de los propios méritos de las agencias federales. ¿Por qué el Ministerio no ha presionado este asunto? ¿Por qué la Oficina del Sheriff es la única agencia a la que se le pide que explique decisiones que no tomamos?».

Además, las recientes declaraciones del DRIS claramente comparten un «malentendido» de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte. «Bajo la HB 318, los alguaciles dejan libres a los individuos detenidos durante horas después de que de otro modo serían liberados, para que el Departamento de Seguridad Nacional pueda asumir la custodia. La ley es explícita. Que el DHS sugiera que la Oficina del Alguacil «no tiene la custodia» es simplemente inexacto y otro esfuerzo más para engañar al público y desviar la atención de los delitos graves que se cometen en lugar de defender».

Finalmente dijo: «La comunidad de Garlaste y otras partes de los EE. UU. están siendo estafadas. Tienen responsabilidad y hacen todo lo posible para decir la verdad ante las responsabilidades de las agencias que responsabilizan a los autores, y advierten a esta comunidad que la verdadera protección es un sistema federal de influencia que está fallando a todos».

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