Miami, FL.- Claudia Patricia Díaz Guillén, funcionaria pública y militar venezolana que fue enfermera de Hugo Rafael Chávez Frías, difunto presidente de la República Bolivariana de Venezuela solicitó por medio de su defensa, libertad condicional bajo fianza.
La enfermera que fue extraditada desde España a EE. UU., que está respondiendo por cargos de blanqueo de dinero, inherente a una trama millonaria de corrupción de la cancerígena administración de Chávez Frías.
Ver más: Expresidente hondureño hizo su declaración ante un juez
Parte de los argumentos de la defensa de la «enfermera de Chávez» es que «no hay riesgo de fuga», porque no tiene dinero y no puede regresar a Venezuela; porque supuestamente su vida corre peligro.
Defensa de la «enfermera de Chávez» pide la libertad bajo fianza
Asimismo, la abogada Marissel Descalzo, en un primer documento presentado desde la llegada de su cliente, a EE. UU., destacó que la acusada tiene nacionalidad española. Además, es esposa, madre de dos hijos y «mujer de fe».
Sin embargo, la acusada Díaz Guillén fue tesorera nacional, entre 2011 y 2013, mientras Chávez fue presidente y formó parte del equipo médico del mismo. Por su parte, el esposo de la «enfermera de Chávez», Adrián José Velásquez Figueroa fue jefe de seguridad del fallecido por cáncer Chávez, quien también está pendiente por extradición.
Esta pareja muy vinculada al corrupto más violento y destructor de una de las economías más prometedoras de la región, se establecieron en España en el año 2016. Para 2019, fueron sancionados por EE. UU., por hacerse con más de $2.400 millones de manera ilícita con el sistema cambiario instaurado por el gobierno de Chávez.
Ver más: Despliegue por asesinato de fiscal paraguayo en Colombia
Finalmente, Díaz Guillén es acusada de cargos de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y «blanqueo de capitales». Casualmente, en este caso también está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal privado venezolano «autocensurado» y brazo disfrazado de la dictudura, Globovisión.
Gorrín y otros, también fueron sancionados junto a otros cinco sujetos, donde 23 entidades fueron detectadas que estaban vinculadas para canalizar los fondos. Estas sedes estaban en Nueva York, Miami, Delaware y la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves.
Video: Periodistas: ¿censurados en el Perú?
