Tallahassee, FL.- La política de la administración Biden «atrapar y liberar» que consiste en liberar a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera desde México viola la ley de inmigración de Estados Unidos, de acuerdo con un juez federal de Florida coincidiendo con el fiscal general republicano del estado.
Asimismo, el juez federal de distrito T. Kent Wetherell en Pensacola limitó a que la administración siguiera implementando un memorando del Department of Homeland Security (DHS) del 2021 que autorizaba «alternativas a la detención».
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Este alivio del DHS tenía el objetivo de aliviar el hacinamiento de los inmigrantes en los centros de detención. Parte de las medidas consistían en dotar con tobilleras, monitoreo telefónico o registros por parte de oficiales de inmigración. A esta política los republicanos la bautizaron como «atrapar y liberar».
La política fronteriza de «atrapar y liberar» de Biden fue anulada por un juez de Florida
El juez Wetherell que fue designado por el expresidente Donald Trump, declaró que las autoridades federales de inmigración no tienen el poder para implementar esas alternativas de manera generalizada de acuerdo con la ley ya existente.
Statutorily speaking, this is called “alien smuggling” and is prosecutable under federal law and also under many state laws https://t.co/e8YAxuOBgT
— Todd Bensman (@BensmanTodd) March 9, 2023
De esto modo, el juez estuvo de acuerdo con el argumento presentado por Ashley Moody, fiscal general de Florida, que también cuestiona la política. Así pues, Wetherell explicó, «Los acusados han convertido efectivamente la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para los extranjeros que ingresan al país».
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Finalmente, Moody reaccionó con este comentario a la decisión del juez, «afirma lo que hemos sabido todo el tiempo, (que) el presidente Biden es responsable de la crisis fronteriza y sus políticas de inmigración ilegal hacen que este país sea menos seguro».
Esta ley federal de inmigración permite que el DHS otorgue «libertad incondicional» a los inmigrantes en lugar de detenerlos. Ya sea «caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo».
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